La Comisión de Gobernación del Senado de la República decidió posponer la discusión y posible aprobación de la Ley General de Operación de Registros Civiles. Esta ley incluye la posesión de datos biométricos de todos los ciudadanos por parte de la Secretaría de Gobernación. A pesar de la existencia de un mandato judicial para la dictaminación de esta ley, los senadores argumentaron la necesidad de un análisis más detallado y expresaron preocupaciones sobre la concentración de estos datos sensibles.

Preocupaciones sobre la concentración de datos biométricos

Uno de los puntos más debatidos en la reunión de la Comisión de Gobernación fue la concentración de datos biométricos en la Secretaría de Gobernación. Los senadores manifestaron su inquietud por los riesgos que esto podría implicar en términos de privacidad y seguridad de la información.

La senadora Graciela Gaytán del Partido Verde Ecologista de México destacó que aún no están preparados para aprobar dicha ley. ‘Esta propuesta ha tenido muchas críticas debido a que han expresado que atenta contra los derechos humanos’, señaló. Esta postura refleja un amplio consenso sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente en lo que respecta a la privacidad y la seguridad de los datos personales.

Opiniones divergentes en el Senado

El panista Damián Zepeda también se expresó en desacuerdo con varios artículos de la propuesta de ley, particularmente la facultad otorgada a la Secretaría de Gobernación para administrar esta base de datos biométricos.

Zepeda argumentó que la normativa hace referencia a una ley de población ‘en la que no se han dado los cambios que planteaba la CURP con fotos y biométricos’, y enfatizó la importancia de conocer la postura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por su parte, la morenista Rocío Abreu consideró que al tratarse de un tema de derechos humanos y protección de datos, se requeriría de más tiempo para el análisis. ‘En razón de que es una ley que se ha ido modificando y se ha hecho un esfuerzo en homologación con los estados, que nos dieran mayor tiempo. Yo pedí unos estudios sobre ello y en razón del tiempo’, comentó Abreu.

Mandato judicial y controversias

La presidenta de la comisión, la morenista Mónica Fernández, aprovechó la ocasión para señalar al juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien emitió el mandato judicial para que el Senado legisle en materia de la Ley General de Operación de Registros Civiles. Fernández destacó que el juez ha sido acusado de actuar de manera facciosa en varias ocasiones y que hay una queja formal en su contra en el Consejo de la Judicatura.

Este contexto judicial añade una capa de complejidad al debate sobre la ley, ya que pone en tela de juicio la imparcialidad y la independencia de las decisiones judiciales en este asunto. La controversia en torno al juez Santos Pérez y su historial de decisiones, como la suspensión de la extradición de Joaquín Guzmán Loera y el desbloqueo de cuentas bancarias de un exalcalde, ha generado desconfianza y ha motivado propuestas de reforma al Poder Judicial.

Importancia de consultar al INAI y los Registros Civiles

Otra preocupación expresada por los senadores es la falta de consulta al INAI y a los registros civiles. La inclusión de estas entidades en el proceso de dictaminación es crucial para asegurar que todas las reservas de datos biométricos estén contempladas y que los registros civiles, que serían los responsables directos de la recopilación de estos datos, estén de acuerdo con las disposiciones de la ley.

La decisión de la Comisión de Gobernación del Senado de posponer la discusión de la Ley General de Operación de Registros Civiles subraya la necesidad de un análisis más profundo y de un mayor consenso en torno a la recolección y manejo de datos biométricos.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya aprobó la Ley General de Operación de Registros Civiles, lo que pone en relieve la urgencia de que el Senado encuentre un camino que resuelva las inquietudes y garantice una implementación justa y segura de la recolección de datos biométricos.

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