El polémico Plan B de la reforma electoral, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, superó su primer obstáculo en el Senado de la República. Con 24 votos a favor y 11 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen, permitiendo su paso al Pleno para la discusión definitiva. La sesión estuvo marcada por un intenso intercambio de acusaciones y evidenció fracturas tácticas dentro del bloque oficialista.

El Nudo del Conflicto: Revocación y Elecciones

A pesar del respaldo general de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», surgió una división inesperada respecto a la intención de empalmar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027.

Resistencia del PT: Legisladores del Partido del Trabajo manifestaron su rechazo a esta propuesta técnica, lo que obligó a intensas negociaciones internas antes de la votación en comisiones.

Argumento Oficial: Morena y el Partido Verde sostienen que esta medida busca reducir los costos operativos y fortalecer la participación ciudadana directa.

Dura Ofensiva de la Oposición

El bloque opositor (PAN, PRI y MC) cerró filas para cuestionar la legitimidad y la técnica legislativa del proyecto. Entre los señalamientos más destacados figuran:

Luis Donaldo Colosio Riojas (MC): Acusó un intento de imponer la reforma «a la mala», vulnerando la equidad de la contienda.

Marko Cortés (PAN) y Ricardo Anaya: Calificaron el dictamen como «mal hecho» y falto de claridad, exigiendo un freno para una discusión integral.

Bancada del PRI: Señalaron que la iniciativa tiene un carácter «centralista» que debilita el federalismo electoral.

Hacia la Mayoría Calificada

Para que el Plan B se convierta en ley, Morena y sus aliados requieren de una mayoría calificada en el Pleno del Senado, una cifra que aún se percibe ajustada debido a las reservas de algunos sectores. El objetivo central de la reforma, según la presidencia, es transformar el sistema electoral mediante la reducción de gastos y la limitación de privilegios, aunque para sus detractores representa un riesgo para la autonomía de las instituciones democráticas en este 2026.

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