En una polémica decisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra de la realización de audiencias públicas para abordar temas fundamentales sobre la reforma a la Ley Minera y la violencia vicaria.
En la sesión privada del pasado lunes 13 de mayo, los ministros de la SCJN rechazaron por mayoría la petición de llevar a cabo audiencias públicas para escuchar a las personas interesadas sobre estos temas pendientes de desahogar.
La solicitud de audiencia para discutir la reforma a la Ley Minera fue rechazada por siete de los nueve ministros presentes. Mientras que en el caso de la violencia vicaria la votación fue ocho contra nueve. Solo la ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor de las audiencias públicas.
La ministra Batres argumentó que es lamentable que se considere un derecho de los ministros decidir si escuchan o no a las personas y comunidades interesadas, en lugar de reconocer el derecho fundamental de ser escuchado por los representantes del máximo Tribunal.
Hoy en sesión privada el pleno de la @SCJN desechó las solicitudes para hacer audiencias públicas sobre las reformas a la Ley Minera (ahora Ley de Minería) y sobre violencia vicaria.
Es la tercera ocasión en menos de un mes que el máximo tribunal se niega a escuchar las voces de…
— Lenia Batres (@LeniaBatres) May 13, 2024
Ciudadanos pueden solicitar ser oídos en audiencias públicas
El acuerdo del Pleno establece que los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos pueden solicitar ser oídos en audiencias públicas para presentar sus argumentos sobre temas de interés jurídico o de importancia nacional.
Esta decisión ha generado controversia, ya que tanto la ley de minería como la violencia vicaria son asuntos que impactan directamente en la vida de comunidades enteras y personas individuales, siendo de interés nacional. La ministra Batres recordó que esta es la tercera ocasión en menos de un mes en la que la SCJN se niega a escuchar las voces de comunidades indígenas y ciudadanos interesados en asuntos que serán votados en el Pleno de la Corte.
Esta decisión ha generado críticas y llamados a la transparencia y apertura en la toma de decisiones de la SCJN, resaltando la importancia de dar voz a las comunidades afectadas por la reforma a la Ley Minera y la violencia vicaria.