Las personas registradas como deudores alimentarios morosos en la Ciudad de México podrían quedar excluidas de eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol y otros espectáculos públicos y privados. Así lo plantea una iniciativa presentada en el Congreso capitalino por el diputado Pedro Haces Lago, quien busca reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo local.

La propuesta contempla modificar el artículo 43 de dicha ley para otorgar nuevas facultades a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, permitiéndole coordinar acciones con el Registro Civil y celebrar convenios con empresas del sector deportivo y recreativo. El objetivo sería impedir temporalmente el acceso a estos espacios a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El legislador sostiene que esta medida pretende generar una presión social efectiva para que los padres y madres en falta cumplan con sus obligaciones alimentarias, sin necesidad de recurrir al ámbito penal. Según explicó, el abandono económico hacia la infancia representa una forma de violencia y una expresión de desigualdad estructural. “No es justo ni ético que quienes eluden esta responsabilidad disfruten de una vida social activa, mientras hay niñas y niños que carecen de lo más básico”, apuntó.

Además, Haces Lago subrayó que el problema no solo refleja un incumplimiento individual, sino una deuda social que el Estado debe atender. De acuerdo con datos citados por el legislador, tres de cada cuatro hijos de padres separados en México no reciben pensión alimenticia. En este contexto, recalcó que la mayoría de los deudores son hombres, mientras que la mayoría de quienes cuidan a los menores son mujeres, lo que agrava la llamada “feminización de la pobreza”.

La iniciativa responde también al aumento significativo en el número de denuncias por incumplimiento de pensiones. Entre 2018 y 2022, el REDAM reportó apenas 114 personas inscritas. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2023, esa cifra se elevó a 781 casos, lo que representa un incremento del 106%. “El abandono económico no solo no se detiene, se está saliendo de control”, advirtió el diputado.

La propuesta sigue su curso legislativo y ha abierto el debate sobre nuevas formas de garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales, en un contexto donde la justicia alimentaria se ha convertido en una demanda creciente por parte de diversos sectores sociales.

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