La diputada federal Julieta Vences Valencia, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, ha levantado la voz en contra de la injusticia que está viviendo una menor de 14 años en el estado de Querétaro, quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de violación.
Ante la petición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro de condenar a la menor a tres años de prisión y exigir una compensación económica al agresor, la legisladora ha pedido la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer el caso.
La diputada, quien forma parte de las comisiones de Justicia e Igualdad de Género, ha calificado la decisión de la fiscalía local como una violación de los derechos humanos. Julieta Vences Valencia ha denunciado que las autoridades responsables de impartir justicia están protegiendo al presunto agresor y obligando a la víctima a indemnizarlo, en lugar de brindar el apoyo necesario a la menor afectada.
Sheinbaum se pronuncia sobre el caso
El caso ha generado una ola de indignación en distintos sectores de la sociedad, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quienes han expresado su respaldo a la familia de la menor y su rechazo a la criminalización de la víctima.
Sheinbaum ha recordado que la SCJN ya había declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, haciendo hincapié en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad sin temor a represalias.
Ante esta situación, Citlalli Hernández Mora ha calificado los hechos como «inauditos e ilegales» y ha anunciado que solicitarán una mesa de trabajo con las autoridades locales para abordar el caso y garantizar la justicia para la menor agredida.
La falta de perspectiva de género y lógica jurídica en la procuración de justicia ha sido señalada como un tema prioritario a abordar por parte de las autoridades competentes. En este sentido, la diputada Julieta Vences Valencia ha instado a legislar en favor de una sociedad más justa y ha pedido a la FGR intervenir en el caso para garantizar que se haga justicia y se respeten los derechos de la menor afectada.