Con una abrumadora mayoría de 451 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma histórica a la Ley General de Turismo que busca frenar una de las crisis humanitarias más alarmantes y silenciadas del país: la explotación sexual infantil en destinos turísticos.

Esta reforma, que ahora pasará al Senado para su discusión, impone obligaciones directas a prestadores de servicios turísticos para identificar, prevenir y denunciar posibles casos de abuso infantil.

La reforma establece que hoteles, agencias de viaje, operadores turísticos y otros prestadores deberán aplicar estrictos protocolos preventivos para detectar indicios de explotación o trata de menores. Entre las nuevas medidas, destaca la obligación de exigir a los adultos que viajen con menores que acrediten su relación mediante documentos oficiales. En caso de no poder comprobar parentesco, tutela o custodia, se les deberá negar el servicio y notificar de inmediato a las autoridades.

Esta medida surge como respuesta a un problema estructural que ha colocado a México en una posición vergonzosa a nivel mundial. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el país ocupa el segundo lugar global en turismo sexual infantil, solo detrás de Tailandia. Organismos como ECPAT International, una red global dedicada a erradicar la explotación sexual infantil, afirman que alrededor de 600 mil depredadores sexuales visitan México cada año.

El foco de esta actividad criminal se concentra en destinos populares como Cancún, Playa del Carmen y Acapulco, donde, según ECPAT, incluso hoteles cinco estrellas son utilizados como puntos de operación para estos delitos. Playa del Carmen, en particular, registra una alta incidencia de agresores ocasionales que aprovechan la falta de controles y supervisión para abusar de menores.

La diputada Tania Palacios Kuri (PAN), presidenta de la Comisión de Turismo, sostuvo que “mientras discutimos esto, más de 17 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente en nuestro territorio”. Citando datos del INEGI, advirtió que cada día más de cuatro menores sufren abuso sexual en México, y que muchos de ellos ni siquiera están escolarizados. “Les roban su voz, su sonrisa, su derecho a ser”, sentenció.

Por su parte, el diputado Alejandro Alonso Reyes (PRI) destacó el impacto económico de este delito: se estima que el turismo sexual infantil genera más de 24 mil millones de dólares anuales en México, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más lucrativas del crimen organizado, a costa del sufrimiento y la dignidad de miles de menores.

La diputada Ciria Salomón Durán (PVEM) subrayó que estas reformas son necesarias para cerrar las lagunas legales que han permitido la impunidad durante años. “No podemos permitir que nuestros destinos turísticos se conviertan en escenarios de abuso y explotación. Actuar ahora es un deber moral y legal”, afirmó.