La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Álvarez, presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino con la que busca prohibir la difusión de narcocorridos tanto en planteles escolares como en espectáculos públicos de la Ciudad de México. La propuesta busca frenar lo que considera una normalización de la violencia y la apología del delito a través de este tipo de música.

La legisladora planteó reformar dos normativas locales: la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Según explicó, el objetivo es restringir la presencia de contenidos que promuevan o glorifiquen la narcocultura, particularmente en espacios frecuentados por menores de edad.

Durante su intervención, Álvarez advirtió que anualmente se realizan más de 10 mil conciertos de música regional mexicana en la capital, muchos de los cuales incluyen temas relacionados con el narcotráfico. En su opinión, este fenómeno refuerza patrones de conducta violentos. "La violencia llama a más violencia", afirmó.

La diputada sostuvo que tolerar este tipo de expresiones artísticas representa una forma de permisividad ante conductas ilegales, lo que a su vez puede profundizar el conflicto social y erosionar los valores comunitarios. En particular, destacó los efectos negativos que estos mensajes pueden tener sobre la infancia, al presentar al crimen organizado como un modelo a seguir y reforzar la idea de que la ilegalidad es aspiracional.

“La música que celebra a criminales, que canta sobre armas o enfrentamientos, no solo es dañina para los adultos, sino que puede tener un impacto mucho más profundo en los niños”, expresó. Consideró urgente establecer límites claros frente a lo que calificó como un fenómeno que afecta la formación ética y emocional de las nuevas generaciones.

De aprobarse la iniciativa, los espectáculos que incumplan con la restricción podrían ser cancelados, y los recintos que los alojen estarían sujetos a clausura. En el ámbito educativo, las instituciones de todos los niveles deberán evitar la difusión de narcocorridos durante cualquier actividad escolar o extracurricular. En caso de no cumplir con esta norma, podrían enfrentarse al cierre del plantel y la pérdida del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La propuesta se enmarca en un contexto nacional de creciente preocupación por la influencia de la cultura del narcotráfico en la vida cotidiana, especialmente entre jóvenes y niños. El debate sobre los límites entre libertad de expresión y responsabilidad social volverá al centro de la discusión legislativa.

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