Las familias de desaparecidos en la frontera norte de México están alzando su voz para denunciar el abandono por parte de las autoridades en la búsqueda de las víctimas. Esta denuncia se produce en medio de la polémica generada por el nuevo conteo de desaparecidos impulsado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según los activistas consultados por EFE, el desinterés generalizado de las autoridades deja a estas familias expuestas y a su suerte. Además de invisibilizar a miles de personas desaparecidas en Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos. La falta de una cuantificación precisa de las víctimas contribuye a esta situación.

Raúl Cornejo, miembro del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, aseguró que las autoridades no les brindan respaldo y no mencionan el tema de los desaparecidos en sus discursos. Este activista, cuyo hermano lleva casi dos años desaparecido, afirmó que el tema de los desaparecidos «es algo que ellos discuten, pero no quieren atender«.

Ante esta situación, las familias se ven en la necesidad de emprender por sí mismas las búsquedas de sus seres queridos. El Colectivo invitó a EFE a una jornada de búsqueda de Óscar Cornejo, hermano de Raúl, quien desapareció en una zona conflictiva de la ciudad de Playas de Rosarito, colindante con Tijuana. Durante esta jornada, dos elementos de la Comisión de Búsqueda y una comitiva de la Guardia Nacional acompañaron al grupo.

La polémica en torno a las cifras de desaparecidos también ha generado malestar entre las familias. A mediados de diciembre, el Gobierno mexicano informó que había 12,377 personas desaparecidas, según su nuevo censo.

Eliminando así la cifra previa de 111,000 personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que López Obrador había tachado de «manipulado».

En respuesta a las críticas de los familiares, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México, Teresa Guadalupe Reyes, afirmó la semana pasada que aún se está buscando a aproximadamente 92,000 personas. Según Reyes, la cifra de 12,377 corresponde a las denuncias «confirmadas».

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