En busca de salvaguardar los intereses de los trabajadores y preservar la división de poderes, la coalición legislativa del Frente Amplio por México anunció que presentará una controversia constitucional para detener la extinción de seis de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Se trata de una medida que ha generado un fuerte debate desde su aprobación el pasado 25 de octubre por parte de Morena y sus aliados, quienes respaldaron la extinción de estos fideicomisos, los cuales suman una cifra superior a los 15 mil millones de pesos.

En una conferencia de prensa, Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, explicó que los fideicomisos en cuestión no se crearon para el beneficio lujoso de los ministros de la Corte, sino que en su mayoría se formaron con recursos del gobierno y aportaciones laborales individuales de miles de trabajadores de base. Estos trabajadores, que desempeñan diversos roles dentro del Poder Judicial, han realizado contribuciones significativas a lo largo de muchos años de servicio.

Por su parte, Marco Mendoza, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentó que la medida atenta contra el principio de la división de poderes y tiene por objetivo debilitar al Poder Judicial.

Señaló que al excluir a la Comisión de Justicia, órgano competente en la materia dentro de la Cámara, del proceso legislativo, se vulnera el correcto procedimiento y se pone en riesgo la seguridad e integridad de los juzgadores. Además, se viola lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que los recursos de los fideicomisos deberían reintegrarse al propio Poder Judicial, en lugar de la Tesofe.

Conscientes de la gravedad de la situación, los legisladores del Frente Amplio tienen previsto presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días. El diputado Mendoza destacó que los fondos a los que se hace referencia en la reforma son contribuciones realizadas por los propios trabajadores del Poder Judicial, lo que implica que se trata de recursos propios y no de asignaciones etiquetadas por la Cámara de Diputados. Para Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, esta medida representa un atropello a la división de poderes y otro intento de debilitar a las instituciones del país.

El Frente Amplio levantó la voz y puso en tela de juicio la legalidad y las consecuencias derivadas de la extinción de estos fideicomisos. La controversia presentada ante la SCJN buscará resolver este conflicto y garantizar el respeto a la división de poderes, así como la protección de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Próximamente se conocerán los resultados de esta batalla legal que ha generado importantes repercusiones en la esfera política y la opinión pública.

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