La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe más reciente que la Secretaría del Bienestar no ha logrado comprobar el destino de 415 millones 185 mil 657 pesos, presuntamente destinados a los damnificados tras el paso del huracán Agatha en mayo de 2022. Este desastre natural dejó al menos 10 personas muertas y decenas de heridos. El informe detalla que la ASF está llevando a cabo una investigación en curso e inició una serie de acciones de responsabilidad contra la dependencia.

Compromisos anunciados por el gobierno: ¿Dónde terminaron los recursos?

En enero de 2023, las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que se habían entregado el 100% de apoyos económicos de manera directa a las personas damnificadas por el huracán Agatha en Oaxaca.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que se destinaron mil 190 millones de pesos para la infraestructura de 31 municipios afectados y 767.6 millones de pesos para más de 20 mil familias afectadas mediante entregas económicas directas. Sin embargo, la ASF señaló que, al fiscalizar el destino de estos recursos, encontró irregularidades y falta de documentación comprobatoria.

Irregularidades señaladas por la ASF

El informe de la ASF, emitido el pasado 9 de febrero de 2024, destaca que la Secretaría de Bienestar no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables. Señaló que, aunque se informó sobre la destinación de mil 190 millones de pesos a 31 municipios, la dependencia carece de documentación comprobatoria para 327 millones 751 mil 400 pesos, correspondientes a 17 municipios.

Asimismo, la ASF detalló que la Secretaría de Bienestar adquirió bienes con DICONSA, S.A. de C.V., por 86 millones 851 mil 400 pesos en apoyos en especie. Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la recepción de estos bienes en los Centros Integradores para Migrantes (CIM). Además, no se demostró el reintegro a la Tesorería de la Federación de 782 mil 800 pesos correspondientes a apoyos económicos que no se entregaron a los beneficiarios.

Gobierno de AMLO tiene 90 días hábiles para responder a la ASF

Tras la publicación de las auditorías, la Secretaría del Bienestar tiene un plazo de 90 días hábiles para solventar las observaciones de la ASF. Este periodo es crucial para la dependencia, ya que deberá demostrar la correcta destinación de los recursos y proporcionar la documentación faltante.

Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a situaciones de emergencia. La opacidad y la falta de documentación adecuada generan dudas sobre la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos. En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones es esencial, estos hallazgos plantean preguntas sobre la responsabilidad y el compromiso del gobierno en el manejo de situaciones críticas.

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