El Gobierno del Estado de Campeche oficializó la expropiación de más de ocho hectáreas pertenecientes a cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, con el propósito de edificar una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Las propiedades están registradas a nombre de personas vinculadas al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, incluyendo a su madre y a su arquitecto de confianza.

La expropiación fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado lunes y se realiza bajo la reforma a la Ley de Expropiación aprobada en septiembre de 2025 por el Congreso local. Esta reforma faculta al Ejecutivo estatal a declarar como de utilidad pública aquellos inmuebles que se destinen a infraestructura como escuelas, hospitales o vialidades.

De acuerdo con el decreto, los terrenos expropiados pertenecen a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de “Alito” Moreno; Juan José Salazar Ferrer, arquitecto del exgobernador; y los particulares Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar. Las personas involucradas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar pruebas o argumentos en defensa de sus derechos de propiedad.

“Es un acto de justicia”: Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió públicamente la medida durante su programa “Martes del Jaguar”. Calificó la expropiación como un acto de justicia y aseguró que se trata de propiedades adquiridas mediante presuntos esquemas irregulares.

“Este terreno lo puso a nombre de su mamá, y el otro a nombre de su abogado. Es una chulada de predio. Ya nos lo había avanzado Alito. Tenemos pocos recursos, pero la universidad se va a construir”, declaró la mandataria.

Sansores agregó que las obras de la nueva sede universitaria podrían iniciar en aproximadamente mes y medio, aunque no dio una fecha específica.

Sheinbaum: predios están ligados a corrupción y lavado de dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se pronunció sobre el tema. Durante su conferencia matutina, sostuvo que los predios expropiados estarían relacionados con delitos como corrupción y lavado de dinero.

“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con recursos ilícitos. Esto debe resolverse mediante esquemas de extinción de dominio por corrupción, porque actualmente es un proceso muy largo, incluso en casos de delincuencia organizada”, explicó.

Sheinbaum planteó que se trabaje en reformas para facilitar la extinción de dominio cuando se compruebe que inmuebles fueron adquiridos con fondos públicos desviados o a través de sobornos.

Los predios expropiados forman parte del fraccionamiento Lomas del Castillo y se destinarán a la construcción de la Universidad de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos, institución que busca expandir su presencia a nivel nacional.

También te puede interesar:

1. Conagua implementa estrategia para prevenir afectaciones por lluvias en el Valle de México