El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud estatal, presentó denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y cuatro de sus exfuncionarios, por presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían generado un quebranto por más de 343 millones de pesos al erario federal y estatal.

De acuerdo con Iván Saldaña Magaña, apoderado legal de la Secretaría, los señalamientos derivan de un conjunto de 70 denuncias en total, de las cuales 14 son de carácter penal, relacionadas con adjudicaciones a las empresas Industriales PERMART y JOSER S.A. de C.V., vinculadas a los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo.

Sergio Carmona, conocido públicamente como “El Rey del huachicol”, fue asesinado en noviembre de 2021. Sus empresas habrían sido beneficiadas por adjudicaciones sin competencia, con contratos sin firma, expedientes incompletos y procesos carentes de transparencia.

El esquema de contratación cuestionado operó durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, cuando García Cabeza de Vaca —actualmente prófugo de la justicia— encabezaba la administración estatal. El daño estimado al erario fue de 343 millones 966 mil pesos, distribuidos en 221 millones de recursos estatales y 122 millones de fondos federales.

Según las indagatorias, parte de los montos no fueron reclamados por los proveedores, lo que —según el gobierno— sugiere simulación o abandono del proceso de contratación. En total, se identificaron 157 millones de pesos no ejercidos ni exigidos mediante vía legal.

Además del exmandatario panista, los funcionarios señalados en la denuncia son:

1. Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud
2. Horacio García Rojas Guerra, exsubsecretario de Planeación y Vinculación
3. Alejandro Aguilar Poegner, exsubsecretario de Administración y Finanzas
4. Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración

A todos ellos se les acusa por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Saldaña Magaña rechazó que las denuncias respondan a motivos políticos y atribuyó la demora en su presentación a factores como la falta de cooperación durante el proceso de transición gubernamental y la ocultación de documentos oficiales.

Indicó que el avance en las investigaciones ha sido posible gracias a la colaboración de exfuncionarios de la anterior administración estatal, quienes habrían brindado información clave para estructurar los casos.

Los hermanos Carmona Angulo fueron señalados en años recientes por su presunta participación en redes de contrabando de combustible y por vínculos con figuras políticas. Sergio Carmona fue asesinado en un restaurante en Nuevo León en noviembre de 2021, en un caso que generó atención mediática nacional.

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