Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, una estrategia orientada a reforzar la persecución de este delito en México.

Durante la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó la urgencia de enfrentar la extorsión con mecanismos más sólidos y coordinados.

El acuerdo establece la armonización legislativa estatal, para garantizar que la extorsión se persiga de oficio en todo el territorio nacional, evitando vacíos legales que limiten su investigación.

También plantea la creación de áreas especializadas en fiscalías, y en los estados donde ya existen, enfocarse en su fortalecimiento institucional, operativo y técnico para atender cada caso adecuadamente.

Se buscará reforzar la operación del 089, línea esencial de denuncia anónima, así como un manual nacional que unifique procesos de recepción e investigación.

Nuevos procesos de denuncia

García Harfuch informó que la Estrategia Nacional Contra la Extorsión ha permitido recibir más de 102 mil 800 denuncias y detener a más de 600 personas en 22 estados.

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión”, afirmó durante su intervención en Palacio Nacional.

El funcionario explicó que el acuerdo representa “un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales”, mediante herramientas equivalentes en todas las entidades.

Consejo Nacional de Seguridad Pública. Palacio Nacional https://t.co/oAAZqU0Nsx

— Gobierno de México (@GobiernoMX) December 11, 2025

Coordinación nacional

La estrategia también busca brindar mayor certidumbre a las víctimas, ofreciendo canales homogéneos para la presentación de denuncias y la investigación de los casos en cualquier región del país.

Con estos lineamientos, el Gobierno federal pretende consolidar un enfoque nacional, capaz de fortalecer la cooperación entre estados y garantizar respuestas uniformes ante un delito que continúa en ascenso.

Autoridades federales y estatales coincidieron en la necesidad de seguir perfeccionando los mecanismos de coordinación para reducir la incidencia y proteger a la ciudadanía y sectores productivos.

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