El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre 359 de sus empleados, quienes han resultado denunciados por incurrir en conductas indebidas y, en algunos casos, delitos que afectan la integridad de la institución y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Denuncias y tipos de conductas

Según el informe del OIC, durante el año 2023 se recibieron 2,407 denuncias relacionadas con empleados del INE. Estas denuncias abarcaron una variedad de conductas, siendo las más comunes aquellas relacionadas con presuntas responsabilidades administrativas en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), donde se tramitan las credenciales para votar.

Entre las conductas denunciadas se encuentran el abuso de funciones, el acoso laboral, sexual y la discriminación, así como el robo de identidad y la alteración del Padrón Electoral. Estas denuncias revelan una serie de irregularidades que comprometen la integridad del proceso electoral y la prestación de servicios públicos por parte del INE.

El OIC abrió un total de 115 expedientes en 2023, sumándose a los 399 ya existentes, lo que resultó en un total de 514 expedientes acumulados. De estos, 359 aún continúan abiertos, mientras que 116 fueron concluidos por archivo. Este proceso evidencia el compromiso del INE con la transparencia y la rendición de cuentas, al investigar a fondo las denuncias recibidas.

Tipos de investigaciones y sanciones

Las investigaciones abiertas abarcan una amplia gama de presuntas faltas y delitos cometidos por los empleados del INE. Entre estas se encuentran el incumplimiento de funciones, el abuso de funciones, el acoso laboral y sexual, la irregularidades en licitaciones y el desvío de recursos públicos, entre otros.

Durante el año 2023, se determinó la comisión de una falta administrativa en 38 expedientes de investigación, de los cuales 35 se calificaron como Faltas Administrativas No Graves y 3 como Faltas Administrativas Graves. En respuesta a estas conclusiones, la Dirección de Sustanciación de Responsabilidades Administrativas (DSRA) inhabilitó a 31 servidores públicos por faltas administrativas no graves.

Además de las sanciones administrativas impuestas por el INE, el Tribunal de Justicia Administrativa impuso sanciones adicionales a dos funcionarios del INE por abuso de autoridad. Estas sanciones incluyeron la inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos y la suspensión del empleo en casos específicos.

Estos procesos de investigación y las medidas disciplinarias tomadas reflejan el compromiso del INE con la integridad del proceso electoral y la transparencia institucional. Es fundamental que se investiguen y sancionen las conductas indebidas para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger la democracia y el Estado de derecho.

En última instancia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de la ley son pilares fundamentales para fortalecer la democracia y promover una sociedad justa y equitativa.

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