INE puede anular a aspirantes a juzgadores que no son elegibles, señala TEPJF
14/05/2025 - Hace 4 horas en MéxicoINE puede anular a aspirantes a juzgadores que no son elegibles, señala TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre su facultad para anular candidaturas no elegibles. Con esta resolución, el máximo tribunal electoral avaló el acuerdo del Consejo General del INE del 24 de abril, relativo al criterio 8 de 8 contra la violencia.
Dicho lineamiento establece que el INE puede verificar si las personas electas para cargos judiciales no tienen sentencias firmes por violencia o delitos que limiten su elegibilidad. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, explicó que esta medida busca garantizar que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales tengan un historial limpio en materia de violencia.
El INE podrá negar constancias de mayoría si las personas electas están condenadas por violencia familiar, doméstica, política de género o como deudores alimentarios morosos. También se incluye la violencia sexual, contra la integridad corporal, la libertad o la seguridad personal, así como actos que afecten el desarrollo psicosexual.
Legalidad en el proceso
Durante la sesión, el magistrado Felipe Fuentes Barrera —autor del proyecto— destacó la importancia de garantizar legalidad en un proceso electoral judicial sin precedentes. Insistió en que, aunque un candidato haya sido avalado por comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, eso no garantiza por sí mismo su elegibilidad total.
“Si no hay situaciones que pueden conocerse después o que no fueron detectadas en etapas previas, la autoridad electoral no puede cerrar los ojos frente a esta situación”, expuso.
Agregó que si el INE renuncia a esa verificación, estaría fallando en su deber constitucional de evitar que personas inhabilitadas accedan a cargos de gran responsabilidad. Con esta resolución, se refuerza el papel del INE como garante de los principios de integridad y ética en los procesos electorales, incluso los judiciales.
La medida ha sido bien recibida por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, quienes consideran que garantiza entornos más seguros para las mujeres mexicanas.