La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, propone la creación del primer Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el objetivo de fortalecer la atención y protección de las víctimas indirectas de este delito.

La propuesta también contempla que las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, así como las personas responsables de su cuidado, tengan acceso prioritario a programas sociales y reciban acompañamiento jurídico durante los procedimientos legales. El proyecto aún deberá ser analizado y discutido por el Poder Legislativo.

Registro nacional dará seguimiento a menores afectados

La iniciativa establece que el Registro Nacional estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, el SIPINNA y diversas instituciones federales y estatales.

De aprobarse, la plataforma reunirá información sobre la identidad de los menores, su situación de cuidado, acceso a derechos, nivel de riesgo y las acciones implementadas por las autoridades para garantizar la restitución de sus derechos. El proyecto también prevé la protección de los datos personales contenidos en el registro.

Programas sociales y defensa legal serían prioritarios

El documento propone que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acompañen a los menores durante los procesos judiciales e, incluso, asuman su representación legal cuando sea necesario.

Asimismo, plantea que las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como quienes estén a cargo de su cuidado, tengan acceso prioritario a programas sociales de los tres niveles de gobierno y a servicios integrales de salud.

Iniciativa también endurece penas por feminicidio

La propuesta contempla sanciones de 50 a 70 años de prisión para quienes sean declarados responsables de feminicidio, además de impedir beneficios como libertad anticipada, acuerdos reparatorios, amnistías o indultos.

También incorpora agravantes que aumentarían las penas en determinados casos, como cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, tenga alguna discapacidad o cuando el agresor sea servidor público.

Organizaciones piden fortalecer la implementación

Aunque reconocen algunos avances en la protección de víctimas indirectas, organizaciones civiles han expresado preocupaciones sobre la iniciativa al considerar que prioriza el aumento de penas sin contemplar recursos presupuestales adicionales para fortalecer las investigaciones y la atención institucional.

Las agrupaciones también han señalado la importancia de mejorar las capacidades de ministerios públicos, servicios periciales y fiscalías especializadas, además de abrir un proceso de análisis legislativo que incorpore las observaciones de la sociedad civil antes de su eventual aprobación.

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