Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) dio inicio este sábado al censo de los integrantes de la caravana migrante “Éxodo de justicia”, con el objetivo de verificar el tipo de trámites migratorios realizados por cada persona y definir una respuesta individualizada a su situación legal en México.

El proceso, que se llevó a cabo en la unidad deportiva “Salomón González Blanco”, ubicada en el poblado de Escuintla, congregó a cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y países de Centroamérica. El personal del INM, acompañado por agentes del Grupo Beta Sur de protección al migrante, solicitó a los participantes formar filas para registrar datos personales y antecedentes de trámites migratorios.

A pesar de que algunos migrantes expresaron temor y desconfianza, accedieron a colaborar con el censo. No obstante, los organizadores de la caravana confirmaron que el contingente retomará su marcha la madrugada del domingo rumbo al municipio de Mapastepec, a unos 35 kilómetros de su ubicación actual, como parte de su ruta hacia la Ciudad de México.

Respuesta del gobierno federal

El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia matutina, afirmando que el gobierno mexicano contempla distintas opciones para quienes participan en la caravana. Estas van desde la repatriación voluntaria a sus países de origen hasta la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en México, dependiendo del estatus migratorio de cada persona.

La mandataria indicó que el objetivo es ofrecer soluciones que respeten los derechos humanos y que respondan tanto a la situación migratoria como a la situación socioeconómica de quienes viajan con sus familias.

Petición de migrantes ecuatorianos

En el marco del censo, la familia ecuatoriana compuesta por Johnny Fabricio, Jennyfer Magdalena y sus tres hijos —entre ellos una bebé mexicana de ocho meses— solicitó públicamente a la presidenta Sheinbaum la condonación de una multa migratoria por 44 mil pesos, correspondiente al trámite de regularización por vínculo familiar.

“No tenemos los recursos para pagar esa cantidad. Somos padres de bajos ingresos y pedimos comprensión”, expresó Johnny Fabricio, mientras descansaban junto al resto de la caravana.

La familia indicó que, además de la imposibilidad económica, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les negó el estatus de refugiados, situación que los dejó sin alternativas de legalización, trabajo o estabilidad. Ahora, su principal esperanza es llegar a la capital del país, donde aspiran a obtener documentos y empleo.

Contexto de la caravana

La caravana “Éxodo de justicia” partió de Tapachula el miércoles pasado. Agrupa a varios cientos de migrantes que, ante la falta de oportunidades laborales, demoras en los trámites y condiciones precarias en el sur del país, decidieron emprender la marcha hacia la Ciudad de México en busca de soluciones migratorias.

Las autoridades federales han reiterado su interés en atender el fenómeno migratorio con enfoque humanitario, aunque también han insistido en la necesidad de mantener un orden legal en los procesos de ingreso y permanencia en territorio nacional.

El INM continúa evaluando los casos individuales registrados durante el censo, mientras los migrantes siguen avanzando por las carreteras del estado de Chiapas, en lo que se perfila como otro capítulo crítico en la gestión migratoria del país.

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