Un juez federal otorgó un amparo al abogado Óscar Augusto Zamudio Campos, revocando el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en agosto. La sentencia, emitida por Jorge Antonio Medina Gaona, juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordena la anulación del proceso, alegando que el abogado resultó injustamente imputado por sus declaraciones acerca de presiones y amenazas por parte del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, hacia Emilio Lozoya Thalmann y su hijo Emilio Lozoya Austin.

Hace cinco meses, el juez de control José Rivas González había vinculado a proceso a Óscar Augusto Zamudio Campos por el delito de abogados patronos y litigantes, bajo la hipótesis de alegar a sabiendas hechos falsos. El litigante afirmó ser víctima de una ‘persecución’ por haber denunciado que Gertz Manero supuestamente ‘torturó’ al ex director de Pemex para obtener información sobre el caso Odebrecht.

El amparo concedido aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal tiene la opción de interponer un recurso de revisión para que un Tribunal Colegiado analice la resolución. La sentencia de Medina Gaona ordena llevar a cabo una nueva audiencia inicial, anular la parte considerativa al incidente de nulidad y el auto de vinculación a proceso, y continuar la diligencia para resolver la situación jurídica del abogado.

Abogado acusa a Gertz Manero de tortura

En julio de 2022, Óscar Augusto presentó una denuncia contra Gertz Manero y el ex fiscal Juan Ramos por tortura. La FGR inicialmente se abstuvo de investigar, pero el abogado impugnó, y un juez de control ordenó a la Fiscalía recabar entrevistas de las supuestas víctimas. Sin embargo, estas declararon no conocer al litigante.

La sentencia destaca que, en el momento de presentar la denuncia, el abogado no sabía que los hechos eran falsos, ya que la falsedad se reveló posteriormente durante la indagatoria. Se argumenta que el único indicio de la falsedad surgió después de la presentación de la denuncia, cuando las supuestas víctimas negaron los hechos narrados por el abogado.

Este revés judicial plantea cuestionamientos sobre el manejo del caso y la validez de la vinculación a proceso inicial. La situación resalta la complejidad de los casos que involucran acusaciones de tortura y la importancia de garantizar un proceso legal justo y transparente. La resolución también pone de manifiesto las tensiones entre el ejercicio de la libre expresión y las acciones legales contra declaraciones que, eventualmente, resultan ser falsas.

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