El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entregar la totalidad de información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) y otras instancias militares sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Se trata de 853 folios que, según el juzgado, están en poder del Ejército y que las familias han reclamado durante años, al considerarlos “información clave” para localizar a sus hijos.

Organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias, como Centro Prodh, Tlachinollan y Serapaz, señalaron que el juez reconoce que la discontinuidad en los archivos indica que la información existe y debe ser entregada, pese a que la Sedena había negado su existencia.

El hallazgo de los folios fue documentado en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que evidenció que los reportes proporcionados estaban incompletos, mostrando documentación faltante y posibles actos de ocultamiento por parte del Ejército.

Las familias recurrieron a la justicia federal tras la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada por decreto presidencial en 2018, que no logró superar los obstáculos de la investigación.

El fallo, emitido el 19 de febrero de 2026, reafirma que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, y destaca el interés preponderante de las familias y de la sociedad por conocer la verdad.

Organizaciones de derechos humanos recordaron que, en un fallo previo de septiembre de 2023, un Tribunal Colegiado había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, ocultar o eliminar información relacionada con el caso.

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