Lo que comenzó como una alternativa “disciplinada” para la formación académica y física de adolescentes, se ha convertido en el centro de un escándalo de presunta tortura, abuso infantil, amenazas y hasta homicidio.

La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en Morelos, enfrenta duras acusaciones por parte de madres de familia que han levantado la voz para denunciar lo que llaman un sistema de maltrato sistemático que afectó gravemente la salud física y mental de sus hijos.

“Mi hijo fue golpeado por el pseudo capitán Juan Carlos. Tengo pruebas”, declaró con firmeza Trinidad Hernández, madre de uno de los alumnos, durante una conferencia de prensa donde madres de varios estudiantes narraron los horrores vividos dentro y fuera de las instalaciones de esta escuela de formación militar.

Las denuncias incluyen fracturas, infecciones, quemaduras, humillaciones, golpes con puño cerrado, e incluso entrenamiento con armas a menores de edad en actividades fuera de los planteles escolares.

“Esto no era una escuela militar, era un centro de tortura, donde preparaban niños más para la violencia que para la disciplina”, sentenció Erika Torbellín, madre de Erick Terán, un adolescente de 13 años que perdió la vida en un campamento organizado por la academia.

De acuerdo con la necropsia oficial, el cuerpo del menor presentaba hemorragia en ambos pulmones, colapso de vísceras y múltiples golpes contundentes, compatibles con una agresión violenta. La causa de muerte: homicidio. Por estos hechos, la Fiscalía del estado informó la detención de Angélica “N” y Juan Carlos “N”, instructora y director de la academia, respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Pero las madres aseguran que los culpables no son solo dos, sino que hay al menos 10 personas más involucradas y advierten que esto podría tratarse de una red mucho más amplia. Por ello, anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La situación es aún más alarmante: muchas madres reportan que sus hijos no están registrados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), es decir, no tienen matrícula oficial, y aun así la institución les exige el pago de colegiaturas, incluso cuando los menores ya no están tomando clases.

“Es el colmo del cinismo”, dijo una de las madres. “Nos piden pagar mayo, cuando nuestros hijos ni siquiera han vuelto a clases. La escuela expide documentos falsos, actas que no tienen validez oficial. Vamos a presentar denuncias por falsedad de documentos”.

A pesar del escándalo, se ha informado que la academia continúa operando de forma remota, e incluso hay rumores de que se están organizando clases presenciales en lugares clandestinos.

Otra preocupación alarmante es el temor a represalias. Varias madres denunciaron haber recibido amenazas tras dar a conocer públicamente estos casos de violencia. Sin embargo, aseguran que no se detendrán.

“No nos vamos a callar. No después de lo que le hicieron a mi hijo. Esto tiene que saberse, y los responsables deben pagar”, expresó Erika Torbellín, quien despidió a su hijo con un emotivo mensaje al anunciar la detención de los presuntos homicidas: “Sabía que aún te acordabas de tu madre y me diste el mejor regalo. Te amo, mi amor”.