El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, lanzó duras críticas contra la reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena y sus aliados en el Senado, catalogándola como un atentado contra la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana.

Retroceso en avances para protección de derechos humanos

Cortés advirtió que las consecuencias de esta reforma podrían ser ‘terribles’, ya que cuando el Legislativo o el Ejecutivo emitan una norma general que viole derechos humanos de carácter colectivo, el juez de amparo no podrá suspender sus efectos de manera general. Esto implicaría que muchas personas se vean vulneradas en sus derechos, al menos hasta que se resuelva el juicio mediante una sentencia, lo cual puede tardar mucho tiempo.

En un comunicado, el líder panista indicó que la reforma aprobada ‘vendría a dar marcha atrás a muchos avances sustantivos para la protección de los derechos humanos’ que se han construido como sociedad desde la reforma en la materia de 2011, e incluso antes. Agregó que, de aprobarse, se volvería a la etapa superada en la que se priorizaban los formalismos legales por encima de una verdadera protección de los derechos.

Acciones ‘desesperadas’ de fin de sexenio, según el PAN

Por otro lado, Cortés Mendoza señaló que la reforma a la Ley de Amparo da marcha atrás en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que sirven para proteger el derecho a la salud, a la educación o a un medio ambiente sano. Por ello, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea garante del respeto más amplio a los derechos humanos.

Finalmente, Marko Cortés reiteró que esta reforma a la Ley de Amparo, junto con la reforma para ‘robarse las pensiones de las y los trabajadores’ que se discute en la Cámara de Diputados, ‘son acciones desesperadas de fin de sexenio, porque el gobierno y su partido saben que ya se van’.

De esta manera, el PAN lanza un claro mensaje de preocupación ante lo que consideran un retroceso en materia de derechos humanos, manifestando su disposición a acudir a instancias jurisdiccionales para defender las garantías individuales y colectivas de los mexicanos.

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