La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo la entrega al gobierno de Estados Unidos de dos individuos presuntamente vinculados a cárteles y acusados de asociación delictuosa y lavado de dinero.
¿Quiénes son los acusados?
Diego Acosta Ovalle, uno de los extraditados, es señalado por las autoridades estadounidenses como parte del Cártel de Sinaloa. Su arresto ocurrió en junio del año pasado en Torreón, Coahuila, después de que la Corte Federal para el Distrito Central de California lo reclamara por supuesto lavado de dinero.
Por otro lado, la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas requiere a Alberto Morales. Según las acusaciones, Morales y otro individuo lideraban una red de lavado de dinero con sede en Houston, Texas, entre octubre de 2009 y septiembre de 2011.
Además, se les acusa de blanquear las ganancias del narcotráfico a través del sistema bancario de Estados Unidos, convirtiéndolas a pesos mexicanos y transfiriéndolas a los clientes de la organización en México. La captura de Morales tuvo lugar en León, Guanajuato en septiembre de 2024.
La entrega de estos dos individuos se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tras ello, agentes estadounidenses son los encargados de su traslado.
Colaboración entre México y EU
Este tipo de colaboración entre México y Estados Unidos es crucial en la lucha contra el crimen organizado. Además, demuestra el compromiso de ambas naciones en combatir la corrupción y el narcotráfico. La extradición de personas implicadas en actividades ilícitas contribuye a la seguridad y la justicia tanto en México como en Estados Unidos.
Es importante destacar que la FGR continúa trabajando en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses para identificar, capturar y enjuiciar a individuos involucrados en actividades delictivas transfronterizas, asegurando que no haya impunidad para aquellos que intentan socavar la legalidad en ambos países.
Estas acciones reflejan el compromiso de México y Estados Unidos en fortalecer la cooperación en materia de seguridad y justicia. Lo anterior con el objetivo de proteger a sus ciudadanos y garantizar el Estado de Derecho en la región.