En un anuncio que ha sacudido el ámbito judicial en México, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha propuesto la eliminación de la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales.

Este proyecto, divulgado por la SCJN, forma parte de una serie de acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su proyecto, el ministro Alcántara Carrancá argumenta que la reforma judicial viola principios esenciales de independencia y separación de poderes. Según el documento presentado, se plantea invalidar ciertos artículos y fracciones relacionados con el proceso electoral judicial, lo que, de aprobarse, dejaría sin efecto la reforma al menos hasta el año 2025.

🚨#ÚltimaHora #LaCorte publica el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes vinculados a la denominada #ReformaJudicial del 15 de septiembre de 2024.

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— Suprema Corte (@SCJN) October 28, 2024

La propuesta del ministro de eliminar la elección de jueces y magistrados ha desatado un debate en el ámbito político y legal de México. Por un lado, se argumenta que esta medida garantizaría la autonomía del sistema judicial y evitaría que los nombramientos y sanciones estén sujetos a controles políticos.

Además, se sostiene que mantener la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y Legislativo es fundamental para asegurar la imparcialidad de la justicia. En su análisis, el ministro González Alcántara señala que la reforma constitucional en materia judicial excede sus límites y compromete los derechos fundamentales de los ciudadanos al debilitar la imparcialidad de la justicia.

Por lo tanto, su propuesta busca garantizar que el Poder Judicial cumpla su función como contrapeso y garante de derechos, sin interferencias políticas. La posible anulación de la reforma promovida por Morena y sus aliados significaría un revés para el gobierno actual, que ha buscado fortalecer el control sobre el sistema judicial.

Con este proyecto, el ministro busca garantizar que los jueces y magistrados estén libres de influencias políticas y puedan desempeñar su labor con imparcialidad, contribuyendo así a la protección de los derechos de los ciudadanos y al fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

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