En breve… La ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, hizo hincapié en que una reducción del presupuesto asignado al Poder Judicial tendría como consecuencia la detención del proceso de consolidación del sistema penal acusatorio en el país.

A profundidad: 

• Durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA), la ministra Piña destacó que es esencial contar con una asignación presupuestaria adecuada para hacer frente al constante aumento en la demanda de servicios judiciales que se ha observado en los últimos años.
• Además, afirmó que la reducción presupuestaria que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto implementar también limitará la capacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública para continuar ofreciendo representación legal gratuita a las personas más desfavorecidas.

Mientras tanto: 

• En la reunión, Norma Piña anunció la difusión de un protocolo dirigido a jueces y defensores públicos que aborda la cuestión de la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio. Este protocolo tiene como objetivo proporcionarles información actualizada sobre los precedentes jurisprudenciales relacionados con este tema.

Para considerar: 

• A principios de este mes, los legisladores de Morena comunicaron su intención de aplicar un recorte presupuestario al Poder Judicial en 2024, que oscila entre los 15 y 24 mil millones de pesos. Estos fondos se destinarían a programas sociales y proyectos emblemáticos del actual gobierno, como el Tren Maya.
• Antes de que los legisladores de Morena hicieran este anuncio, el Poder Judicial, que comprende la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal, había informado que solicitaría un aumento del 4% en su presupuesto en comparación con el aprobado para el presente año.

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