La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Economía Circular, una normativa que, por primera vez, reconoce legalmente el trabajo esencial de las personas recicladoras de base, conocidas coloquialmente como pepenadores. Este sector ha sido históricamente marginado, pese a ser responsable de una parte crucial en la recuperación y separación de residuos en México.

Jesús Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, destacó que la ley corrige décadas de invisibilidad institucional al incluir a quienes recolectan y separan residuos como actores formales dentro del sistema de reciclaje. Señaló que este colectivo ha sostenido la economía circular “mucho antes de que el concepto existiera”, por lo que su reconocimiento legal es un punto de partida para garantizar derechos laborales y condiciones de trabajo más justas.

La legislación también permitirá la participación de empresas nacionales y extranjeras en procesos de recolección y reciclaje. Además, obliga a los estados a armonizar sus leyes locales para alinearse con los nuevos estándares ambientales.

Según datos oficiales, 90 % de los tiraderos del país son a cielo abierto, lo que genera contaminación atmosférica, presencia de lixiviados y daños en suelos y mantos freáticos. A pesar del volumen de residuos —más de 120 mil toneladas diarias, equivalentes a 48 millones de toneladas al año— México recicla apenas 5 mil toneladas.

El objetivo de la nueva ley es impulsar un modelo que reduzca, reutilice y recicle materiales para extender su vida útil, disminuir el uso de materias primas y reducir la contaminación derivada de la producción y disposición final de residuos.

Aunque la mayoría de los desechos en México son orgánicos, una tercera parte corresponde a materiales inorgánicos reciclables, por lo que el impacto económico y ambiental de un manejo más eficiente sería considerable.

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