En medio de la polémica desatada por la criminalización de una niña de 14 años que fue víctima de violación y tuvo un aborto espontáneo en Querétaro, oficinas de Naciones Unidas han emitido un contundente pronunciamiento condenando los hechos.
Por su parte, las representaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ONU-Mujeres, UNICEF y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) han calificado como «inaceptable» la violencia sexual y han instado a que todas las mujeres y niñas sobrevivientes sean reconocidas como víctimas, y que cada caso sea investigado y sancionado.
En un comunicado conjunto, las agencias de la ONU establecidas en México manifestaron su disposición de acompañar a casos como el de Esmeralda, la adolescente de Querétaro que está siendo sometida a un proceso judicial por haber sufrido un aborto espontáneo que fue reclasificado como homicidio calificado, sin que se haya dado seguimiento a la investigación por abuso sexual.
«Las sobrevivientes de violencia sexual tienen derecho a protección, justicia y reparación integral, sin ser revictimizadas ni criminalizadas bajo ninguna circunstancia«, recalcaron las organizaciones internacionales.
El caso ha causado indignación
El caso de Esmeralda ha causado indignación y ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que han reclamado justicia y han denunciado la falta de atención al caso de violación y la criminalización de la adolescente por el aborto espontáneo.
El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las acusaciones contra la menor y ofreció ayuda a Esmeralda, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha calificado como inconstitucional la criminalización del aborto en México.
«No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legal como se requiera. No se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años«, declaró la mandataria.
Por su parte, el Senado de la República ha emitido un exhorto al Congreso de Querétaro para iniciar un juicio de procedencia y destituir al fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández por las omisiones en el caso de Esmeralda.
Ante este escándalo, se espera que las autoridades atiendan el llamado de las organizaciones internacionales y garanticen el interés superior de la niñez y el derecho a la protección estatal de todas las víctimas de violencia sexual en México.