El pleno del Congreso de Quintana Roo ha dado un paso significativo esta semana al aprobar un decreto que tipifica el maltrato infantil como un delito grave en el estado. Esta medida, que modifica el artículo 192 del Código Penal, establece que cualquier forma de agresión física, psicológica o emocional contra niñas, niños y adolescentes será castigada con prisión.

Definición y alcance del delito de maltrato infantil

El decreto aprobado incluye la adición de un apartado quinquies al artículo 192, que define el maltrato infantil como cualquier conducta, omisión, descuido o negligencia que cause sufrimiento o maltrato humillante a menores de 18 años, afectando su salud o integridad física o psicológica, ya sea estén sujetos o no a protección, educación, instrucción o cuidado.

Por su parte, la diputada Maritza Basurto, al explicar el contexto y la necesidad de esta legislación, resaltó que el maltrato infantil constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, afectando profundamente la integridad de los menores.

En respuesta a esta problemática, el Congreso estableció penas de prisión que van desde los cinco hasta los 15 años para aquellos que, en ejercicio de la patria potestad, tutela, custodia o responsabilidad de cuidado y vigilancia, causen daño físico, psicológico o emocional a un menor.

Agravantes que aumentan las penas

Además, el decreto contempla una serie de agravantes que incrementan la pena impuesta. Entre estos, se encuentran situaciones donde la víctima sea menor de doce años, tenga alguna discapacidad, se utilice algún arma o instrumento contra ella, el delito sea cometido por personal de instituciones asistenciales públicas o privadas, el maltrato sea reiterado contra la misma víctima, entre otros.

Para los casos en que el perpetrador del maltrato infantil sea un servidor público, además de las penas establecidas, se contempla la destitución e inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por un tiempo equivalente al de la pena de prisión impuesta.

Colaboración en la investigación y persecución del delito

El decreto también establece la colaboración entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo y el Ministerio Público en las investigaciones de este delito. Esto implica la promoción o desistimiento de denuncias en casos de maltrato infantil.

Esta nueva legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia en Quintana Roo y envía un mensaje claro de que el maltrato infantil no será tolerado en el estado.