La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una segunda denuncia contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Esta vez, la acusación se centra en el delito de falsedad en declaraciones, relacionado con la reactivación del pago de una pensión post mortem. Cabe recordar que la demanda de amparo presentada por Casar revela que aseguró ante un juez que la suspensión de dicho pago pondría en riesgo sus condiciones de subsistencia, vulnerando sus derechos a una adecuada alimentación, vivienda digna y salud.

Alegaciones y contexto de la denuncia

En su declaración, Casar argumentó que, debido al fallecimiento de su cónyuge, Pemex le había otorgado una pensión post mortem en su carácter de viuda, además de una pensión para cada uno de sus dos hijos hasta que cumplieran 25 años.

Según su testimonio, desde enero de 2005 había recibido estos pagos de manera periódica e ininterrumpida, sin inconvenientes durante más de 19 años. Sin embargo, no mencionó que también recibe un salario mensual de 270 mil pesos por su labor en MCCI, además de ingresos adicionales por su participación en Canal 11.

Repercusiones legales y ministeriales

Las fuentes ministeriales indicaron que la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc) recibió la denuncia presentada por representantes legales de Pemex. Esta nueva denuncia se suma a una previa que también involucraba a funcionarios de Pemex y a Casar junto a sus hijos, por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión y las autorizaciones económicas correspondientes.

En su demanda de protección, Casar reiteró que la omisión en el pago de la pensión post mortem comprometía gravemente su subsistencia y afectaba sus derechos fundamentales y los de sus hijos. En su argumentación legal, presentó los conceptos de violación señalando que la suspensión del pago afectaba derechos al desarrollo familiar, vivienda adecuada, alimentación, salud, seguridad social y dignidad humana.

Decisión judicial y omisiones en la declaración

El juez Ricardo Guzmán Wolffer, del juzgado sexto de distrito en materia del trabajo, concedió la suspensión de plano de la medida que había suspendido el pago de la pensión a Casar. En su resolución, Guzmán Wolffer consideró que la subsistencia de Casar estaba comprometida debido a la suspensión del pago. Sin embargo, la decisión judicial no tomó en cuenta los ingresos adicionales que Casar percibe, lo cual no fue mencionado en su declaración.

Las implicaciones de esta denuncia son significativas. Si se prueba que Casar cometió falsedad en sus declaraciones, podría enfrentar serias consecuencias legales. Además, el caso ha puesto en el centro del debate la transparencia y la ética en la administración de pensiones post mortem y otros beneficios económicos otorgados por entidades públicas como Pemex.

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