Autoridades estatales y federales recuperaron 42 ranchos y dos minas que desde 2019 estaban bajo control del grupo criminal “Los Pelones”, un brazo operativo de “Los Chapitos”, en una zona desértica de Sonora, fronteriza con Arizona, Estados Unidos.

La organización criminal tomó por la fuerza un área de aproximadamente 90 mil hectáreas, donde antes se realizaban actividades de minería, ganadería, agricultura y cacería cinegética. Los pobladores fueron desplazados mediante amenazas y violencia armada, y sus propiedades fueron saqueadas o destruidas.

De acuerdo con autoridades de seguridad, los criminales explotaban de forma ilegal las minas de La Ciénega y Cerro Colorado, donde trabajaban hasta 100 personas en turnos continuos para extraer oro. El mineral era vendido en los estados de Caborca, Sinaloa y Jalisco, generando ingresos estimados de 1.6 millones de dólares mensuales, es decir, más de 96 millones de dólares durante los cinco años de ocupación.

Los ranchos también eran utilizados como centros de operación y fuente de alimentos. El ganado fue sacrificado o abandonado, y las cosechas se perdieron debido al desplazamiento de campesinos y jornaleros. La zona era considerada estratégica por su ubicación y sus recursos naturales.

El operativo de recuperación se realizó en septiembre de 2024 y fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, con apoyo de la Secretaría de Marina y asesores especialistas en seguridad minera. Desde entonces, se estableció una Base Operativa en la región y se implementó un sistema de vigilancia permanente mediante drones, helicópteros, patrullajes y cámaras conectadas al C5i.

Uno de los ranchos recuperados fue El Bamuri, en el municipio de Pitiquito, propiedad de la familia Lizárraga, dedicada por generaciones a la ganadería y la caza deportiva. Actualmente, han retomado sus actividades y reciben a cazadores extranjeros, generando empleos para al menos 25 familias locales.

Pese a los avances, las autoridades informaron que aún falta por recuperar una decena de propiedades en la región. Los operativos continúan, y la presencia policial se ha reforzado para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar nuevos intentos de incursión por parte de grupos delictivos.