El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene la obligación de hacer públicos, sin censura, los contratos íntegros de compra de emergencia de potencia en el sistema eléctrico de Baja California correspondientes al año 2022. Esta decisión revierte la resolución inicial de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, que buscaba mantener ciertos detalles reservados por razones de seguridad nacional.

Impugnación de la Consejería Jurídica ante el INAI

La batalla legal comenzó cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal impugnó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El INAI había solicitado al Cenace la divulgación de información detallada sobre los contratos, incluyendo los montos correspondientes. La propuesta inicial, liderada por la ministra Loretta Ortiz, pretendía mantener en reserva los montos, argumentando posibles riesgos a la seguridad nacional.

Con una mayoría de ocho votos en contra del proyecto de la ministra Ortiz, la SCJN respaldó la resolución del INAI. La ministra Ortiz argumentó que la divulgación de los montos podría llevar a empresas privadas a coaligarse para obtener beneficios indebidos a través de la manipulación de los precios de venta de energía al Estado, lo que causaría daños al erario. Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que la transparencia en las contrataciones públicas y el gasto gubernamental es fundamental para la sociedad.

Principales posicionamientos en la Suprema Corte

Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel respaldaron la posición de la ministra Ortiz, sosteniendo que la divulgación de información podría poner en riesgo el sistema eléctrico. Batres incluso mencionó que la coalición entre empresas para obtener mayores beneficios no es una práctica excepcional. Sin embargo, la posición mayoritaria se inclinó hacia la necesidad de transparencia y claridad sobre el gasto público y los contratos gubernamentales.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas, abogando por el derecho de la sociedad a tener claridad sobre el gasto público y los contratos gubernamentales. Cuestionó la idea de que la transparencia llevaría a proveedores a rescindir contratos o a coaligarse en contra del gobierno, indicando que la sociedad merece conocer los detalles de las decisiones que afectan sus recursos.

Compromiso de la SCJN con la transparencia y rendición de cuentas

La decisión de la Suprema Corte refleja un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Al permitir la divulgación completa de los contratos de compra de energía, la SCJN envía un mensaje claro sobre la importancia de la apertura y el acceso a la información en asuntos que afectan directamente a la sociedad.

De acuerdo con la SCJN esta decisión destaca la importancia de garantizar que la sociedad tenga acceso completo a la información sobre cómo se gestionan los recursos y contratos en el ámbito público. Es una clave que refuerza el compromiso de la justicia mexicana con la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía.

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