El gobierno mexicano abrió una investigación por un presunto hackeo y filtración masiva de datos personales provenientes de bases de datos de instituciones públicas, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con un comunicado oficial, la dependencia inició diversos procedimientos de investigación tras detectar indicios mediante monitoreo interno y reportes públicos. El objetivo es identificar el origen del incidente, evaluar posibles fallas de seguridad, deslindar responsabilidades y, en su caso, determinar sanciones administrativas o penales.

La secretaría precisó que, aunque en foros de la deep web se sugiere que la información habría sido obtenida mediante un ataque informático, no se descarta ninguna hipótesis. Entre las líneas de investigación se contempla el uso indebido de credenciales de acceso o una posible filtración interna por parte de personal con acceso autorizado a las bases de datos.

Si bien la autoridad no especificó a qué caso concreto responde la indagatoria, desde hace al menos dos años distintas agencias de ciberseguridad han alertado sobre la venta de bases de datos con información personal de ciudadanos mexicanos en portales de la internet profunda. En reportes previos se ha señalado que instituciones federales podrían haber sido afectadas.

Entre las dependencias que presuntamente habrían visto comprometida información se mencionan el Portal del Empleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la magnitud o el alcance específico del incidente.

La Secretaría Anticorrupción subrayó que las investigaciones se desarrollan bajo principios de reserva y confidencialidad, con el fin de no comprometer la integridad de las evidencias ni la eficacia de los procesos. Asimismo, indicó que las instituciones involucradas deberán colaborar con las indagatorias y, de ser necesario, presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.

Como parte de los resultados esperados, la dependencia anticipó que podrían emitirse recomendaciones técnicas para corregir vulnerabilidades en los servidores gubernamentales, reforzar el control de accesos a bases de datos y fortalecer la supervisión del personal autorizado.

Finalmente, la secretaría señaló que, si se detecta la participación de personas servidoras públicas en conductas constitutivas de delito, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), reiterando el compromiso del gobierno federal con la protección de los datos personales y la seguridad de la información en poder de las instituciones públicas.

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