La Cámara de Senadores aprobó este martes en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales, entre otros.

El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación en lo general. Tras rechazar las reservas presentadas por senadores de diversos partidos, el proyecto fue avalado en lo particular con 93 votos a favor y 35 en contra. Ahora será turnado a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación.

El debate en el Senado duró más de seis horas, reflejando las posturas encontradas entre los grupos parlamentarios. Mientras que legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) defendieron la medida como una herramienta indispensable para enfrentar delitos graves, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Parido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) argumentaron que la prisión preventiva oficiosa podría violar los derechos humanos.

La senadora Lucía Trasviña (Morena) aseguró que estas disposiciones cerrarán la puerta a la impunidad, señalando que delitos como la extorsión y el tráfico de drogas afectan gravemente a las comunidades: “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, afirmó.

Por su parte, Andrea Chávez Treviño (Morena) subrayó que los gobernadores de todos los estados, incluidos los de oposición, habían solicitado previamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar esta figura jurídica.

La reforma se enfoca en combatir delitos graves como la extorsión, que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró más de 10 mil casos en 2022, un incremento considerado alarmante.