El Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Adquisiciones y Obras, las cuales han generado controversia por su impacto en la transparencia y el control en los procesos de contratación pública.

La reforma, que elimina el antiguo sistema Compranet y lo reemplaza por la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, fue respaldada por los senadores de los partidos Morena, Verde y PT, pero rechazada por la oposición, formada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Con 68 votos a favor y 23 en contra, el Senado avaló en lo general las modificaciones que, según los promotores, buscan modernizar y hacer más eficiente el sistema de adquisiciones y contrataciones del gobierno mexicano. Sin embargo, la oposición ha cuestionado que esta reforma podría derivar en mayor opacidad en los procesos de compras gubernamentales, argumentando que, bajo la premisa de mejorar la eficiencia, se pierde transparencia, un principio fundamental para asegurar que los recursos públicos sean gestionados de manera adecuada.

¿Qué implica esta reforma?

Las reformas aprobadas no solo actualizan el sistema de contrataciones públicas, sino que también introducen cambios en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Estas modificaciones buscan garantizar que las compras del gobierno se realicen bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En el centro de esta reforma está la creación de un nuevo sistema digital que promete mejorar las condiciones de contratación para el Estado, así como garantizar que los recursos públicos se administren de manera responsable y eficiente.

La implementación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas permitirá, entre otras cosas, automatizar todo el proceso de contratación, facilitando la suscripción de contratos de manera electrónica y optimizando la interconexión entre los sistemas relacionados con las adquisiciones públicas.

De acuerdo con los legisladores del oficialismo, esta plataforma será más moderna, accesible y alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de contrataciones.

Por otro lado, se expide también una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo objetivo es robustecer los mecanismos de combate a la corrupción en los procedimientos de compra pública, contribuyendo a una mayor rendición de cuentas y responsabilidad social en el manejo de los recursos.