La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que su gobierno está evaluando la posible sustitución del fiscal especial encargado del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, en respuesta a la petición directa de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó como un "acercamiento importante" la reciente reunión sostenida con los familiares de los estudiantes y destacó que su administración está aplicando nuevas metodologías para avanzar en el esclarecimiento del caso. “Estamos desarrollando nuevos esquemas de investigación que nos están dando mucha más información”, afirmó, aunque se reservó detalles por tratarse de un asunto confidencial.

Sheinbaum expresó que existe una renovada esperanza de que estas nuevas líneas investigativas puedan llevar a la verdad. “En primer lugar los familiares, pero en segundo lugar el pueblo de México queremos verdad, justicia y encontrar a los jóvenes”, subrayó.

Sobre la permanencia del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, quien ha sido cuestionado por los familiares de los estudiantes, la presidenta indicó que la solicitud de remoción está siendo analizada. “Estamos viendo si es necesario o no es necesario”, señaló. Añadió que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ya ha comenzado a reforzar el equipo de trabajo con especialistas en las nuevas estrategias de investigación, a propuesta del Ejecutivo.

Sheinbaum también se refirió a las declaraciones emitidas recientemente por el fiscal especial, quien aseguró que las autoridades ya estaban buscando los restos de los estudiantes. Consideró dichas afirmaciones como desafortunadas, aunque destacó que lo relevante es que la investigación continúa bajo nuevos enfoques.

El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda nacional, y el gobierno actual ha reiterado su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. La demanda de los familiares por un cambio en el equipo investigador refleja la persistente desconfianza hacia las instituciones y la urgencia de respuestas concretas a casi 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

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