La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su oposición a la propuesta de imponer un impuesto del 3.5 por ciento a las remesas enviadas desde Estados Unidos, y exhortó a la comunidad migrante a expresar su rechazo directamente a los senadores estadounidenses.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó la medida como injusta y perjudicial para millones de familias mexicanas. "No al impuesto a las remesas", declaró enfáticamente, al tiempo que invitó a los connacionales a enviar correos electrónicos, cartas y mensajes a través de redes sociales a los miembros del Senado estadounidense, donde la propuesta será discutida próximamente.

Sheinbaum también informó que su gobierno continuará con acciones diplomáticas para evitar que el gravamen avance. "La próxima semana un nuevo equipo viajará a Estados Unidos para dialogar con senadores y miembros de nuestra comunidad migrante", anunció.

La medida fiscal forma parte de un paquete legislativo impulsado por el expresidente Donald Trump, denominado “El gran y hermoso proyecto de ley”, que fue aprobado esta semana por la Cámara de Representantes con una votación muy cerrada de 215 a 214. Originalmente se propuso un impuesto del 5 por ciento, pero fue reducido al 3.5 por ciento tras negociaciones internas en el Congreso estadounidense.

El Gobierno de México ha cuestionado la legalidad de la propuesta, argumentando que contraviene el tratado bilateral firmado en 1994, que prohíbe la doble tributación entre ambos países. Además, advierte que una medida de este tipo tendría un impacto económico considerable, ya que las remesas representan cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, sólo por detrás de la India. En 2024, el país alcanzó un récord de 64 mil 745 millones de dólares por este concepto, lo que refleja la importancia de estos envíos en la economía nacional y el bienestar de millones de hogares.

El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de defender los derechos de los migrantes y proteger el flujo de remesas, que considera un elemento fundamental de la economía y la cohesión social del país.

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