La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este 17 de marzo los detalles del denominado “Plan B” en materia electoral, una propuesta que será discutida en el Senado de la República y que plantea recortes al gasto público en instituciones políticas y electorales, así como ajustes en la estructura de gobiernos locales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la iniciativa al señalar que busca reducir lo que calificó como excesos presupuestales en distintos niveles de gobierno. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo central es disminuir el financiamiento tanto a organismos electorales como a partidos políticos, al tiempo que se revisan los costos operativos de congresos locales y ayuntamientos.

Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la postura de que el Instituto Nacional Electoral debe ajustar su presupuesto. En ese sentido, cuestionó los recursos asignados a legisladores en algunos congresos estatales, al considerar que existen montos elevados por diputado que no se justifican. También insistió en la necesidad de reducir privilegios en la clase política, aunque reconoció que reformas más amplias —como la eliminación de legisladores plurinominales— no han prosperado hasta ahora.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló los componentes de la propuesta, que incluyen cambios en la integración de gobiernos municipales y límites al gasto legislativo.

Entre los puntos principales destaca la reducción del número de regidores, que quedaría en un rango de siete a un máximo de 15 por municipio, además de limitar a una sola sindicatura. En los congresos locales, se propone que el presupuesto no exceda el 0.7% del gasto total estatal, con la intención de generar ahorros que serían redirigidos a obras de infraestructura pública.

Asimismo, la iniciativa contempla que consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios no perciban salarios superiores al de la Presidencia, y elimina prestaciones como bonos adicionales y seguros de gastos médicos mayores. En el caso del Senado, se plantea una reducción progresiva del gasto de hasta 15%.

En materia de participación ciudadana, el proyecto propone modificar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, ampliando la posibilidad actual. También se mantiene la elección judicial programada para 2027, año en el que coincidirá con comicios para gubernaturas.

Respecto a las leyes secundarias, el plan incluye reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos. Entre ellas sobresalen la imposición de topes salariales en organismos electorales, la obligación de transparentar ingresos de dirigentes partidistas y la implementación de sistemas de fiscalización en tiempo real mediante herramientas tecnológicas y bancarización.

La propuesta se enmarca en un contexto de debate sobre el costo del sistema electoral mexicano, donde el gobierno federal ha insistido en la necesidad de austeridad y reconfiguración institucional, mientras que sectores opositores han advertido sobre posibles impactos en la autonomía de los órganos electorales.

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