En siete de las 15 entidades en donde se elegirán jueces y magistrados locales se recortó el presupuesto que solicitaron los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) para organizar los comicios, según una comparativa entre los presupuestos solicitados y aprobados por los congresos locales.
Estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz ya han reformado sus leyes locales para armonizarlas con la Reforma Judicial federal, y se preparan para la elección de jueces locales el próximo 1 de junio.
Otras entidades como Campeche, Baja California y Zacatecas también han aprobado la reforma local, pero con diferentes fechas para las elecciones de jueces y magistrados.
Campeche ha aplazado la elección hasta 2027, mientras que en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Zacatecas aún no se ha publicado en el Diario Oficial estatal al corte del 31 de diciembre pasado.
La iniciativa de la elección por voto popular de cargos del Poder Judicial fue impulsada por el exmandatario López Obrador.
La reforma constitucional, a nivel federal, se aprobó en las primeras dos semanas de septiembre y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
Esta reforma implica una serie de modificaciones extraordinarias en el Poder Judicial, como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la transformación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de plazos máximos de seis meses para resolver controversias en materia tributaria, entre otros cambios.
Con la reforma constitucional, los 32 estados de México deben homologar sus constituciones y leyes locales, y los Congresos locales tienen un plazo de 180 días para legislar y definir la ruta para elegir por voto a jueces y magistrados locales.
Hasta el momento, 16 estados han realizado estas adecuaciones, mientras que el resto tienen hasta el 14 de marzo de 2025 para llevar a cabo los cambios en sus constituciones y leyes estatales.
Campeche, por su parte, fue la primera entidad en homologar su Constitución y leyes locales, aprobándolas tan solo 14 días después de la publicación del decreto de la reforma judicial federal.
Esta reforma judicial representa un paso importante hacia la democratización y modernización del Poder Judicial en México, pero también plantea desafíos en cuanto a la asignación de recursos y la adaptación de las entidades federativas a los nuevos lineamientos establecidos a nivel nacional.
