El caso del rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, sigue siendo un pendiente sin resolver para las autoridades estatales. A pesar de que el Congreso de Jalisco había acordado una comparecencia de altos mandos de seguridad para rendir cuentas, hasta el momento no se ha definido una nueva fecha, lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y sociales.

La diputada local de Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Martha Arizmendi, fue clara en su postura: El tema de Teuchitlán no es un asunto cerrado, no se ha dado carpetazo y estaremos buscando las medidas y estrategias para convocar a las autoridades correspondientes a nivel estatal a efecto de que se rinda comparecencia como se había acordado”.

Este compromiso sigue en la congeladora legislativa, a pesar de que desde el pasado 19 de marzo debía haberse llevado a cabo la comparecencia del fiscal estatal Salvador González de los Santos, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya. Sin embargo, la audiencia fue postergada sin nueva fecha definida, situación que ha generado fuertes críticas por la opacidad y la falta de voluntad política.

En ese mismo espacio informativo, el senador Carlos Lomelí lanzó una propuesta inusual, aunque con tono semi irónico, que ha despertado debate: la posibilidad de que el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se mude a Jalisco como estrategia para enfrentar la violencia.

“Sí, nuestro compañero Fernández Noroña parafraseó de que a lo mejor para resolver los temas de seguridad se tendrían que venir para acá nuestro compañero Omar García Harfuch, a vivir como lo hizo en Culiacán… muchas compañeras ofrecieron su casa. Aquí ya están ofreciendo, con todo gusto pasamos los domicilios”, declaró Lomelí, entre bromas y reclamos.

Aunque su comentario fue recibido con cierta ligereza, también refleja la urgencia de contar con una estrategia clara y efectiva para atender los altos índices de violencia que persisten en distintas regiones del estado. Según Lomelí, la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad finalmente está funcionando, en contraste con el sexenio de Enrique Alfaro, a quien acusó de nunca participar en las mesas de seguridad.

Crisis en Tonalá: Decenas de familias desempleadas por ruptura con Caabsa

En otro frente de conflicto, el municipio de Tonalá atraviesa una crisis laboral tras la cancelación del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa Caabsa, encargada del servicio de recolección de basura. Según denunció la diputada Arizmendi, 50 familias quedaron desempleadas desde abril, luego de que se rompiera el vínculo contractual por presunto incumplimiento y deficiencias en el servicio.

La legisladora anunció que se buscará un diálogo directo con el alcalde Sergio Chávez, con el objetivo de que se reincorpore a estos trabajadores o bien, se les canalice hacia opciones de empleo mediante el Sistema Nacional o Estatal de Empleo. El tema no sólo es laboral: la salida de Caabsa también ha generado preocupaciones sobre la gestión de residuos en la zona, en una etapa crítica por el aumento de temperaturas y riesgos sanitarios.