La ministra Lenia Batres Guadarrama denunció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) incumplió durante 14 años el tope máximo de remuneraciones establecido en el artículo 127 constitucional, generando un gasto adicional al erario público de más de 30 mil millones de pesos por concepto de «sobresueldos».
Durante la presentación de su primer informe anual de labores en el Museo de la Ciudad de México, la togada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló que actualmente hay 2,377 funcionarios del Poder Judicial que reciben remuneraciones por encima del límite constitucional, excediendo en 2,167 millones 352 mil 603 pesos dicho límite.
Según Batres, si se tiene en cuenta que este tope está vigente desde hace 14 años, el Poder Judicial debería haber ahorrado a la Federación 30,342 millones 936 mil 442 pesos por los sobresueldos inconstitucionales otorgados a su alta burocracia.
La ministra destacó que desde su llegada a la Corte en diciembre de 2023, ella y sus 79 colaboradores han seguido estrictamente las normas de austeridad, ajustándose al límite de remuneraciones y renunciando a prestaciones como seguros privados, lo que ha generado un ahorro al erario público en el último año de 10 millones 904 mil 69 pesos.
«En total, desde que cada colaborador de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado por no recibir bonos que superan el límite constitucional de remuneración, 337,060 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1 millón 484,389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280,463 pesos. Es decir, 7 millones 764,853 pesos, que sumados a los 3 millones 139,215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904,069 pesos», puntualizó la ministra.
Las cifras expuestas por Batres ponen de manifiesto la necesidad de que el Poder Judicial cumpla con las disposiciones constitucionales en materia de remuneraciones, evitando un gasto excesivo y poco transparente en el erario público.
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