El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo urgente solicitando la comparecencia de Luisa María Alcalde (secretaria de Gobernación) y Marath Bolaños López (secretario de Trabajo y Previsión Social) por el famoso ‘moche’ a la campaña de Claudia Sheinbaum.
La petición surge a raíz de las explosivas acusaciones realizadas por la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien alega que se le solicitó un 20% del monto de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia, con la finalidad de destinar esos recursos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena.
Denuncias de corrupción contra Luisa María Alcalde
Sanjuana Martínez, en sus declaraciones, no solo señaló el presunto acto de corrupción al solicitar un porcentaje de las liquidaciones, sino también destacó la opacidad en el manejo de estos fondos. Se reveló que Arturo Alcalde, padre de la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, actuó como asesor legal y operador del Sindicato de Notimex, obteniendo recursos cercanos a los 256 millones de pesos. Estos señalamientos han llevado a la exigencia de una explicación clara por parte de las autoridades involucradas.
Además, Sanjuana Martínez relató su firme rechazo ante la solicitud de aportar al fondo para la campaña de Sheinbaum, lo que desencadenó, según ella, represalias. En represalia, se le habría ofrecido solo el 6% de los 256 millones destinados al sindicato, junto con 14 millones en concepto de canasta y un millón adicional para las festividades de un sindicato que ya había desaparecido. Estos eventos, si se confirman, podrían tener consecuencias graves para la integridad y la transparencia del proceso.
El papel de Arturo Alcalde en el caso de Notimex
La vinculación de Arturo Alcalde, padre de Luisa Alcalde, como asesor legal y operador del Sindicato de Notimex, agrega una capa adicional de complejidad a la situación. La obtención de recursos significativos por parte del sindicato, aproximadamente 256 millones de pesos, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la integridad del proceso sindical.
Las denuncias de que los fondos solicitados se destinarían a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum implican una conexión directa entre el uso de recursos sindicales y la financiación de campañas políticas. Este aspecto no solo levanta preocupaciones sobre la ética y legalidad de la financiación política, sino que también cuestiona la integridad del proceso electoral.
Las acusaciones presentadas exigen una respuesta inmediata y transparente por parte de las secretarias involucradas. La comparecencia solicitada proporcionaría una plataforma para explicar y abordar las graves alegaciones, garantizando así la integridad del proceso y la confianza en las instituciones gubernamentales.
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