En una decisión que podría cambiar las reglas del juego para el proceso electoral de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila para revertir un controvertido acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohíbe a los funcionarios públicos hablar sobre la elección de jueces, magistrados y ministros de la

Suprema Corte durante el periodo de campañas.

La medida, que ha generado una serie de discusiones sobre el papel de las autoridades en la promoción del voto, podría ser modificada en los próximos días, abriendo la posibilidad para que el gobierno federal, los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los gobiernos estatales promuevan la participación ciudadana en la elección del 1 de junio. Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata, encargado de elaborar el proyecto, señala que cualquier tipo de difusión deberá cumplir con estrictas directrices.

En su propuesta, De la Mata sugiere que la promoción por parte de los funcionarios públicos sea "imparcial" y de carácter "institucional", lo que implica que no debe haber ningún tipo de propaganda personalizada o proselitismo. Es decir, no se podrá mencionar ni a un candidato ni a un partido político, ni de manera directa ni indirecta.

Este punto es crucial para evitar que se entienda como una campaña a favor o en contra de alguna candidatura o partido político.

La controversia surgió luego de que la Cámara de Diputados interpusiera un juicio de garantías ante el TEPJF, desafiando la decisión del INE de prohibir la promoción del proceso electoral por parte de los funcionarios del gobierno. De aprobarse el proyecto de De la Mata, el INE tendrá que modificar su acuerdo, lo que significaría que los funcionarios podrían retomar sus actividades para alentar la participación ciudadana sin comprometerse a respaldar o atacar a algún candidato o partido.

El próximo 1 de junio se llevará a cabo una elección clave en el sistema judicial mexicano, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a nuevos jueces, magistrados y ministros para los tribunales más importantes del país. Sin embargo, la regulación sobre la participación del gobierno ha sido un tema delicado, dado el contexto político actual, lo que ha provocado diversas interpretaciones sobre el alcance de la norma electoral.

La situación deja abierta la pregunta de cómo equilibrar el derecho de los ciudadanos a la información con la necesidad de garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa, sin que intervenciones externas puedan influir de forma indebida en la decisión del electorado. La decisión del TEPJF, aún pendiente, será clave para definir cómo se llevará a cabo la difusión de la elección judicial en los próximos meses.