El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito ha ordenado la eliminación del delito de aborto en Nayarit, permitiendo así a las mujeres interrumpir su embarazo sin ser sancionadas.
Esta histórica decisión se dio en respuesta al recurso legal 144/2023 presentado por REDefine Nayarit, Aquelarre Púrpura, Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, el cual fue concedido este 1 de agosto.
El Tribunal Colegiado argumentó que criminalizar el aborto consentido o autoprocurado en Nayarit constituye un acto de violencia y discriminación de género, reduciendo a las mujeres y personas gestantes a objetos cuyo único propósito es la procreación.
Además, señalaron que la penalización absoluta del aborto autoprocurado vulnera el derecho a la salud y que imponer sanciones al personal de salud que realiza estos procedimientos genera un efecto discriminatorio.
Llegó agosto con A de #aborto legal para #Nayarit 💚 Entrando por Sayulita y San Blas, ¡la marea verde sarandeó todo el estado! 🌊 💚 pic.twitter.com/3Lx96jr2Ys
— GIRE (@GIRE_mx) August 1, 2024
Derechos reproductivos de las mujeres
Siguiendo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, la cual declaró inconstitucional la criminalización del aborto, las organizaciones en Nayarit han logrado un importante avance en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.
Ahora, el Congreso de Nayarit deberá declarar inconstitucionales los artículos que penalizan el aborto en la entidad, cumpliendo así con las disposiciones legales emanadas de la máxima autoridad judicial del país.
Con esta histórica resolución, se abren nuevas posibilidades para las mujeres en Nayarit y se marca un paso importante en la defensa de los derechos reproductivos en el país. La eliminación del delito de aborto representa un avance en la lucha por la igualdad de género y el respeto a la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud reproductiva.
Cabe mencionar que la SCJN determinó que todas las entidades federativas deben ajustar sus leyes para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, eliminando cualquier tipo de penalización injusta e inconstitucional.
