La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó una denuncia formal contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y otros funcionarios, acusándolos de diversos delitos relacionados con el ejercicio ilícito del servicio público y la omisión de más de 500 millones de pesos destinados a la institución. Este paso legal marca un hito en la búsqueda de transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos.

Delitos graves imputados a Cabeza de Vaca y otros funcionarios

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acusa a García Cabeza de Vaca, así como a Gerardo Peña Flores, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa y el exrector Guillermo Mendoza Cavazos. Los delitos imputados incluyen ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades. Estas acusaciones señalan un presunto actuar doloso que ha tenido consecuencias financieras significativas para la UAT.

José Carlos Mora García, abogado general de la UAT, acompañado de la encargada del Órgano Interno de Control, María del Rosario Flores Cantú, reveló que los acusados omitieron aportar más de 500 millones 915 mil pesos a la universidad. Esta omisión se traduce en un perjuicio económico directo para la institución académica. Además, se denunció la ocultación del uso y destino final de estos recursos, lo que apunta a posibles irregularidades en la gestión financiera.

Entre las irregularidades señaladas en la denuncia, destaca un presunto caso de sobreprecio en la adquisición de un inmueble. Según la investigación, se habría pagado un precio real de 13 millones de pesos, pero el valor registrado ascendía a 187 millones de pesos. Este supuesto acto de sobrevaloración de bienes inmuebles agrava las acusaciones presentadas contra los involucrados, ampliando el espectro de posibles delitos.

Penalidades severas para los implicados

Los delitos imputados conllevan penalidades significativas en caso de ser probados. El ejercicio ilícito del servicio público podría resultar en penas de 3 a 7 años de prisión, la coalición de servidores públicos podría implicar de 2 a 8 años, mientras que el peculado podría acarrear condenas de 10 a 20 años de prisión. El uso ilícito de atribuciones y facultades podría castigarse con penas de 4 a 14 años de prisión. Estas sanciones reflejan la gravedad de las acusaciones presentadas.

La presentación de esta denuncia por parte de la UAT subraya el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas. La acción legal busca no solo reparar el posible daño financiero sufrido por la universidad, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la integridad en la gestión de recursos públicos.

La denuncia presentada contra García Cabeza de Vaca y otros funcionarios marca un paso decisivo en la búsqueda de justicia y transparencia en la gestión pública. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, al emprender acciones legales, demuestra su compromiso con el manejo ético y responsable de los recursos destinados a la educación superior. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas tanto para la institución como para el panorama político en Tamaulipas.

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