Autoridades federales y estatales de Chiapas investigan un esquema de corrupción que permitió la expedición de actas de nacimiento mexicanas a migrantes extranjeros, documentos que cuentan con folio y CURP, pero contienen datos falsos.

Según reportes, los documentos no son apócrifos impresos en la calle, sino registros introducidos directamente al sistema oficial, lo que les permite a los compradores tramitar pasaportes mexicanos, regularizar su estatus migratorio o evitar la deportación.

Un negocio lucrativo

Las actas falsificadas alcanzan un valor de 1,500 a 4,000 dólares, dependiendo del documento. Entre los compradores se encuentran principalmente cubanos y haitianos, que buscan acceder a una identidad legal mexicana completa, incluyendo actas de matrimonio y nacimiento, CURP y otros registros.

Según las investigaciones, las actas fueron expedidas desde oficialías del Registro Civil en municipios cercanos a la frontera con Guatemala. Aunque los documentos aparecen en el sistema oficial, presentan irregularidades técnicas como faltas de anotación marginal, ausencia de certificado de nacimiento y datos inconsistentes sobre padres, lugar o fecha de nacimiento.

Cómo se descubrió la red

El caso se detectó cuando cinco ciudadanos cubanos intentaron tramitar pasaporte en el Consulado de México en Houston y se verificaron inconsistencias en sus actas. Esto llevó a la auditoría de varias oficialías y al desmantelamiento de un cibercafé en Tapachula, donde se ofrecían trámites ilegales ante el INM y la COMAR.

Hasta el momento, tres funcionarios del área de Sistemas de Tzimol están bajo investigación, y las autoridades exploran si la red está vinculada con tráfico de personas y corrupción institucional. El fenómeno también alcanzó otras regiones, ya que se detectó un caso en Filipinas, donde se presentó un acta mexicana falsa para tramitar un pasaporte de emergencia.

Las investigaciones continúan, mientras autoridades del Registro Civil aseguran que se activaron protocolos internos para evitar la repetición de estas prácticas y proteger la identidad jurídica mexicana.

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