Un hecho profundamente perturbador desató indignación en todo México: durante las fiestas patronales de la comunidad de El Guamúchil, en el municipio de Xichú, Guanajuato, menores de edad con la aparente aprobación de adultos y autoridades participaron en una actividad conocida localmente como “carreras de gatos”, donde se ataron cohetes a gatos vivos para después encenderlos y perseguirlos.

La brutal práctica quedó registrada en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Las imágenes mostraron a los felinos intentando escapar mientras los fuegos artificiales estallan a su alrededor, generando escenas de extremo sufrimiento. Los gritos de los animales, sumados a las risas de quienes participaron, conmocionaron a miles de usuarios que exigen justicia inmediata.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales emitieron comunicados para denunciar lo sucedido y exigir acciones legales inmediatas. En uno de los pronunciamientos más contundentes, se pidió directamente al presidente municipal, Francisco Orozco Martínez (PRD), la identificación, detención y sanción de todas las personas involucradas, incluyendo a los adultos que consintieron o promovieron la actividad.

También exigieron a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo (PAN) que emita una postura pública firme contra la violencia animal y se pronuncie específicamente sobre este caso, que expuso el abandono institucional frente al maltrato animal en contextos de fiestas tradicionales.

“Esto no es cultura, no es tradición. Es tortura disfrazada de fiesta. No hay argumento que justifique lo que se ve en esos videos”, expresó un vocero de un colectivo animalista en entrevista para medios locales.

Aunque algunos habitantes de la comunidad intentaron justificar el acto como parte de sus “usos y costumbres”, la reacción pública ha sido contundente: la tradición no puede ser excusa para la tortura. Especialistas y defensores del bienestar animal han dejado claro que se trata de un acto de crueldad deliberada, no de ignorancia.

La diferencia entre maltrato y crueldad animal, según señalan, radica en la intención de causar sufrimiento como forma de entretenimiento o ritual. “Aquí no hay desconocimiento, sino decisión consciente de hacer daño”, subrayaron.

A pesar de ello, hasta el momento ni el gobierno municipal ni el estatal han emitido algún pronunciamiento oficial. Esta falta de respuesta institucional ha encendido aún más el debate sobre la necesidad urgente de fortalecer las leyes de protección animal y su aplicación efectiva, sin excepciones culturales o religiosas.

¿Qué dice la ley?

En el estado de Guanajuato, la crueldad animal está tipificada como delito en el Artículo 423 del Código Penal local. Esta legislación contempla penas de dos a seis años de prisión, además de multas de 300 a 1,000 días de salario, para quienes incurran en actos de crueldad injustificada hacia los animales que provoquen su muerte, salvo que se trate de especies consideradas plaga o amenaza directa a la vida humana.

Te puede interesar: Día Mundial de los perros sin raza: héroes sin pedigree