Por: Eduardo Ortega Solano

En septiembre próximo inicia el año electoral que culminará con las elecciones del 2021, donde estarán en juego: 15 gobernaturas, 29 congreso locales, y el 78 por ciento de las alcaldías de el país, es decir mil 924, aunque sin duda alguna lo que más expectativa genera es la repartición de los 500 curules que estarán en juego en la Cámara baja, pues la contienda buscara revertir la mayoría legislativa con que cuentan actualmente, las huestes de López Obrador. Por primera vez las 32 entidades federativas, tendrán una elección local el mismo día. A este proceso llega la ciudadanía polarizada y confrontada, pero también los partidos políticos están divididos, desacreditados, y con poca militancia.

Por otro lado, el árbitro de la contienda, no goza de un buen prestigio; según el Inegi el 65 por ciento de la población opina que las autoridades electorales son corruptas o muy corruptas; cierto que nos han costado: Tiempo, dinero y esfuerzo; pero esto no ha sido suficiente para ser vistos por la ciudadanía como institutos confiables, y esto se da igual en el ámbito federal y estatal. Recordemos la renuncia de Enrique Kato Rodríguez, como consejero presidente del IEPC; en nuestra entidad federativa, y aunque su argumento fue renuncia por motivos personales, se fue sin aclarar las inconsistencias encontradas en 19 millones, lo que la “vox pópuli” con razón o sin ella lo traduce como faltante, lo que provocó que actualmente se trabaje con un consejero menos, y la sospecha de desvío de fondos.

El INE debe estar constituido por 11 consejeros, incluido el consejero presidente, a pesar de ello actualmente está incompleto, ya que se encuentran cuatro posiciones acéfalas, una clara deficiencia ante el próximo inicio del año electoral. Para subsanar este vacío se formó un comité técnico el cual fue aprobado por el Congreso, de siete miembros, quienes seleccionaron entre cientos de aspirantes a 10 mujeres y 10 hombres, distribuidos en cuatro quintetas, para que los legisladores escogieran un consejero de cada una de ellas. En el comité se encuentra John Ackerman, el cual impulsaba a Diana Talavera, que presentó un conflicto de interés al trabajar con un cuñado de Ackerman y ser vinculada al grupo de Batres y Bejarano.

El objetivo de esta estricta selección era eliminar la costumbre de “cuates y cuotas” sin embargo, acusaron a Ackerman, de promover esta práctica, lo que ocasionó que su propuesta fuera descalificada, lo que provocó que hiciera tal berrinche que trató por medio de los diputados del PT, y los Morenistas del grupo de Dolores Padierna reventar el proceso al pedir que este se repusiera al cien por ciento pero sería una acción inútil, ya que de ninguna manera obtendrían los votos necesarios, porque no sería factible que Mario Delgado, coordinador de los Morenistas, cediera a sus pretensiones, y en el remoto caso que así fuera, seguramente la Suprema Corte le corregiría la plana.

Porfirio Muñoz Ledo calificó de golpista y totalitaria esta acción; por su parte López Obrador dijo que lo importante es que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido. Sin embargo, existe el estigma de “cara y mala” en nuestra incipiente democracia, persiste la desconfianza justificada de los recurrentes fraudes y las carretadas de dinero que se mueven bajo la mesa en los procesos electorales.

Twitter @eduardoortegas