Por: Eduardo Ortega Solano

En los procesos electorales existen dos frentes: uno que le da votos al candidato y otro que le resta votos al adversario, esto cuando se trata de algún contrincante débil, pero cuando se trata de un opositor más fuerte que nuestro candidato, vale la pena tratar de descarrilarlo antes de la contienda, ya que si esta se decide en las urnas la derrota será inminente. Una estratagema recurrente es aprovechar los vacíos, o interpretaciones erróneas de la Ley, sin olvidar que, aunque siempre la Ley es legal, no siempre es justa. Tampoco se puede pasar por alto que una parte de las reformas político electoral han emanado de acuerdos “non sancto” que han privilegiado negociaciones lóbregas antes que legítimas.

Por supuesto que en la mayoría de las leyes electorales no prevalece esta vocación, pero es innegable que estas existen y ayudan a realizar algunas chicanas; esto permite que cohabiten como iguales las triquiñuelas junto con las acciones legítimas, de tal manera que es imposible distinguir de cuál de las dos se trata, y al final de cuentas ambas tienen el mismo valor jurídico. La Ley no se negocia “dura lex, sed lex” (la Ley es dura pero es la Ley) a pesar de esto, es imperfecta, y por eso se requiere de su interpretación.

Una de las herramientas más recurrentes con que cuenta la Ley electoral; son “las impugnaciones”, estas sirven para anular, modificar o revocar resoluciones y actos en materia electoral. A pesar de esto su uso más común, es la parafernalia, el show mediático, y sobre todo para influir en la percepción.

En nuestra entidad federativa, las autoridades electorales han recibido más de 40 impugnaciones de diversos tipos y motivaciones. Por ejemplo, el licenciado Hugo Rosales Badillo, dirigente de RSP y candidato al segundo Distrito local, es un experimentado especialista en materia electoral, y es también un gran impugnador. Así pues, impugna la legitimidad de las coaliciones del PRI-PAN-PRD además de la que conforma Morena-PT. En un segundo acto impugna también, el derecho de estas coaliciones a tener diputados plurinominales. Opino que la sapiencia del líder partidista, le daban la certeza que sus gestiones no prosperarían, como así ocurrió. Pero también le daban la oportunidad de atraer los reflectores para abonar a su campaña, y lograr su objetivo real; ¡Conservar el registro de su partido!

Creo sin temor equivocarme, que el proyecto más impugnado en este proceso ha sido la candidatura al cuarto Distrito local de la coalición “Va por Durango” de Gabriela Hernández López, la cual suma cinco impugnaciones al día de hoy. La primera la realizó el PT por supuesta entrega de un beneficio en especie, acusación que el IEPC determinó desechar, lo cual se replicó en una segunda instancia. Tres impugnaciones más fueron realizadas por “Movimiento Ciudadano”; a grosso modo el alegato de estas, se fundamenta en que la Diputada con licencia, no puede buscar reelegirse por un Distrito diferente al que fue electa con anterioridad. Es decir, es diputada por el 15 Distrito no podría buscar ser electa por el cuarto. Esta prohibición no se encuentra contemplada en el artículo 31, al contrario, dice textualmente: “podrá realizarse por el mismo principio y Distrito por el que la diputada o el diputado obtuvo el cargo o por otro distrito o principio”.

Existe el antecedente que el actual diputado Antonio Ochoa, ganó el 4 Distrito y su reelección fue por el quinto. Los partidos tienen todo el derecho de impugnar, aunque sepan que no les asiste la razón, como creo que es el caso contra Gabriela Hernández , la cual se percibe muy confiada al afirmar: “Las impugnaciones que se han presentado en nuestra contra, se han desechado porque carecen de fundamentos o no cumplen los lineamientos establecidos, este tipo de acciones ni me asustan ni me detienen. En la democracia deciden los votos.

Twitter: @EduardoOrtegaS