Por: Guillermo Fabela Quiñones

La reconstrucción del país, devastado por el régimen neoliberal, empieza a vislumbrarse con el inicio del proceso judicial, una vez evaluadas las primeras pruebas documentales presentadas por Javier Lozoya Austin, en su calidad de “testigo protegido”. Ahora, la Fiscalía General de la República tiene bases sólidas para no desviarse del camino procesal que permita a los acusados salir bien librados, legado proverbial del narco-Estado surgido en el transcurso de los años, cuando el binomio PRI-PAN detentó el poder absoluto de manera irresponsable y corrupta.

El fiscal, Alejandro Gertz Manero, informó a los medios del curso de las indagatorias al exdirector de Pemex y principal operador de las maquinaciones de la dupla Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Concluyó que en el caso de que los peritajes a las pruebas documentales lo hagan procedente, “se llamará a declarar a las personas imputadas”. Nada menos que los antes mencionados, todopoderosos e intocables, quienes habían urdido una estrategia que les permitiera seguir usurpando la Presidencia de la República.

Pero nunca previeron que sus abusos y canalladas se les habrían de revertir, pues detonaron el botón de alarma en los más altos círculos de quienes deciden la marcha del mundo. La consecuencia fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) se viera impedido de concretar el fraude que se tenía programado con el “PRIAN”: Se daría el triunfo, negociado, al candidato que tuviera más votos entre los dos. No hubo posibilidad de que se obstruyera el voto masivo en favor del candidato de Morena.

A partir de ese momento, el rumbo del país quedó en manos del actual Presidente, quien durante los primeros seis meses de su mandato consiguió lo que se esperaba de él: Asegurar la gobernabilidad y la estabilidad económica, con tácticas muy eficaces que generaron confianza en las clases medias y apuntalaron la esperanza en el pueblo sobre el cambio prometido. Desde entonces ha tenido que navegar entre las presiones de grupos de interés temerosos de ser afectados, y el imperativo de hacer avanzar la Cuarta Transformación (4T), sin crear conflictos inmanejables.

Con el histórico proceso judicial en marcha, se abre la puerta a la recomposición del Estado de derecho, proceso que se enturbió desde la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando los conservadores empezaron a ganar terreno en el sistema político surgido de la Revolución Mexicana. No sabemos hasta dónde se pueda llegar, hay muchos imponderables en el camino; lo cierto es que se podría avanzar tanto como se vaya ganando la confianza en el trabajo de la Fiscalía, y en la firmeza del presidente López Obrador por seguir hasta las últimas consecuencias del proceso. Esta es la gran interrogante.

En esta administración federal se inicia un antes y un después histórico, cuyos primeros resultados se verán en los comicios del año 2021. Lo fundamental es que la ciudadanía tenga la certeza de que no hay marcha atrás ni tampoco que este proceso quedará inconcluso, es decir sin sentencias justas apegadas a Derecho. El futuro de la 4T depende de un resultado que no dé margen a la derecha radical a seguir con sus algaradas, ni que ninguno de los acusados, con su proverbial cinismo, salga con que se trata de una “persecución política”, como con toda desfachatez dice Felipe Calderón.

El Presidente no sólo debe lidiar contra fuertes presiones de los conservadores, sino con la doble moral que los caracteriza, lo que les permite actuar con las mayores bajezas y absoluta falta de ética. El caso de Calderón es un paradigma de ello: Lo pueden agarrar “con las manos en la masa”, y aun así puede seguir gritando que es inocente. La cuestión de fondo es no defraudar al pueblo, como es el caso con la reforma al sistema de pensiones.

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