Por: Guillermo Fabela Quiñones

Decir que la aprehensión preventiva de Rosario Robles Berlanga es el inicio de una “cacería de brujas” es un señalamiento tendencioso, pues se pretende hacer creer a la opinión pública que es un acto de venganza del nuevo régimen contra el pasado Gobierno federal. Es el comienzo, eso sí, de algo inusual en el sistema político mexicano: Una división de poderes en la realidad, que conviene concretar en política de Estado para construir la democracia participativa que tanto necesita el país.

Es un paso muy difícil y complejo, no sólo porque en la Presidencia imperial que surgió de la Revolución Mexicana, como un nefando continuismo del Porfirismo, nunca hubo una división de poderes, sino porque la misma sociedad civil no comprende a cabalidad el imperativo de hacer realidad lo que parece impensable. Lo demuestra la exigencia ciudadana de que siga siendo el Ejecutivo quien dé línea a los poderes Legislativo y Judicial.

Estos deben demostrar que son aptos para dar pleno cumplimiento a sus respectivas atribuciones constitucionales, como sucede en las democracias más añejas e históricamente mejor construidas. Como dijo el presidente López Obrador: “Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, porque no era así, el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el Presidente”. Esta aberración fue la causante de que legisladores y magistrados se cubrieran con el “manto sagrado” de la Presidencia para  eludir responsabilidades ante la sociedad.

En lo sucesivo tendrán que rendir cuentas unos y otros, los poderes Legislativo y Judicial, con hechos concretos acordes con el imperativo de fortalecer el Estado de derecho y poner fin a un “estado de chueco” institucionalizado, como quedó de manifiesto en el periodo neoliberal, porque de otra manera no habrá posibilidad de que se funde la «Cuarta Transformación». Un firme Estado de derecho es el cimiento sólido de la nueva República que se necesita para salir del colapso apocalíptico que propició la tecnocracia apátrida.

Corresponde al Poder Judicial hacer su parte en la configuración de una sociedad con futuro, luchando contra la impunidad y la corrupción dentro de sus filas. Lo mismo en cuanto se refiere al Legislativo, poder cuyo papel es fundamental para que México cuente con un cuerpo de Leyes sustentables, realistas y objetivas, que fortalezcan la democracia participativa con un claro sentido de equidad. El Ejecutivo tiene grandes atribuciones y responsabilidades con la sociedad, las cuales en la actual coyuntura histórica no debe poner en riesgo al pretender hacer el rol de autócrata medieval como en tiempos del Porfiriato.

La Judicatura tiene hoy la oportunidad de demostrar su valía y limpiar el descrédito en que cayó durante el régimen tecnocrático, al prestarse a solapar la corrupción de una alta burocracia voraz e inescrupulosa, que se envolvió con el manto del cinismo para llevar a cabo sus trapacerías. La ciudadanía está cada vez más despierta y decidida a contribuir al cambio estructural tan necesario, no como el propuesto por el FMI sino como el que conviene al progreso de nuestra patria.

Es preciso que jueces y magistrados entiendan que se acabaron los tiempos de la simulación. El pueblo sabrá dilucidar quién o quiénes serían los responsables en caso de encubrir a delincuentes, por muy poderosos que sean. La impunidad tiene causas, pero también nombres concretos.

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