Por: Guillermo Fabela Quiñones

El subsecretario de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo, afirmó: “Somos los productores más importantes de ninis y de niños. Cuidado, jóvenes, con las prácticas sexuales. Mucho cuidado porque no queremos generar más niños que tengan problemas más adelante”. Sin embargo, no basta con reconocer el problema sino comprometerse en su corrección, porque no es un asunto que puedan resolver los jóvenes por sí solos.

Si las autoridades desean que no haya tantos niños sin futuro en el país, en sus manos está la solución: fortalecer la política educativa de manera que sea una prioridad irrenunciable, en la cual no quepan mezquindades sino planeación y cabal aprovechamiento de los recursos, cerrando todas las llaves de la corrupción. México no podrá transformarse a tono con sus muchas posibilidades en la medida que la educación siga a la baja, en calidad y proyección a futuro, al servicio de fines políticos. Debe volver a ser una política de Estado, inalterable.

De ahí que la reforma educativa aprobada por la actual Legislatura, en los hechos ponga el acento en el imperativo de que se profesionalice a fondo el trabajo del magisterio, sin la intervención de otro liderazgo que el del Estado como entidad democrática, laica y progresista. El neoliberalismo es inaceptable como mecanismo que mueva al sistema educativo; no cabe ni en los principales impulsores de tal modelo, porque saben que no hay más alta prioridad para una sociedad que la educación.

Ahora que ya quedó aprobado en el Senado mexicano el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Ejecutivo y el Congreso deben abocar sus esfuerzos en el imperativo de sacar al sistema educativo de su postración y atraso, que condujo al gravísimo problema que representa la ausencia de futuro para millones de jóvenes, a quienes no les queda más salida para sobrevivir que emigrar o enlistarse en el ejército de reserva de las mafias delictivas, cada vez más deshumanizadas y peligrosas.

Sin condiciones sociales básicas no tiene mucho sentido hacer cuantiosas inversiones en grandes obras de infraestructura, que si bien pueden generar importantes recursos lo harán en el mediano y largo plazo. Para entonces las calamidades sociales serán muy dramáticas. Es preciso, como se dice coloquialmente, “no poner todos los huevos en una sola canasta”. Son válidas las inversiones en obras públicas, pero sin abandonar prioridades sustantivas, como la educación y la salud, las cuales fueron hechas a un lado por la tecnocracia neoliberal.

Está muy bien, asimismo, contribuir a la solución del grave problema migratorio en centroamérica, como lo está haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pero al mismo tiempo establecer condiciones internas para reducir las enormes presiones sociales que estamos enfrentando. Qué bueno que el subsecretario Arroyo reconozca la existencia de un mal que se puede salir de control en corto tiempo, pero lo importante es que se tomen las medidas correctas para remediarlo.

Las autoridades, los sindicatos y la sociedad civil deben cerrar filas para extirpar de raíz el “cáncer” que se generó en más de tres décadas. El magisterio, sin la tecnocracia manejándolo políticamente, debe comprometerse a reducir a cero la corrupción de liderazgos espurios y obsoletos, generar una actitud ética y fomentar el desarrollo integral de la educación. El Estado debe cumplir con el mandato constitucional. Con eso basta.